Un diagnóstico elaborado por la Defensoría del Pueblo ha confirmado que los cobros indebidos, extorsiones y abusos son prácticas sistemáticas en las cárceles del país. En este contexto, los jóvenes privados de libertad son los más afectados por un sistema penitenciario que ha institucionalizado la vulneración de derechos.
El informe, titulado “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, revela que el 61,3% de los jóvenes internos encuestados admitió haber pagado “derecho de piso” al ingresar al penal. Estos montos varían entre 700 y 2.000 bolivianos, y son exigidos por otros reclusos como una forma de “garantizar seguridad”. Aquellos que no pueden cubrir esta cuota son relegados a zonas conocidas como “gallineros”, donde deben dormir de pie y en condiciones degradantes.
Extorsiones y violencia
El diagnóstico defensorial indica que casi la mitad (49,3%) de los jóvenes privados de libertad debe pagar periódicamente por el acceso a espacios de descanso, protección o servicios mínimos. Los testimonios recopilados relatan pagos mensuales de hasta 150 bolivianos para mantener una celda; de lo contrario, corren el riesgo de ser expulsados a patios o pasillos, incluso bajo la intemperie.
Además de los cobros, los internos denuncian que muchas de estas extorsiones se imponen mediante violencia física. A través de relatos recopilados por la Agencia de Noticias Fides (ANF), se documentaron casos de castigos, ahogos y otros tratos crueles hasta lograr que las víctimas paguen lo exigido.
Estructuras de poder informales
La Defensoría alerta sobre la existencia de estructuras de poder informales que han tomado control del interior de los recintos penitenciarios, debilitando por completo el rol del Estado. En lugar de fomentar la rehabilitación, los penales se han convertido, según el informe, en espacios donde se profundiza la exclusión social y se refuerzan las redes de abuso y corrupción.
Condiciones económicas precarias
La situación se agrava con la precariedad económica. Más del 50% de los jóvenes reclusos no cuenta con ningún ingreso, y el prediario, cuando es entregado, no cubre ni siquiera necesidades básicas. Esto obliga a los internos a depender aún más de sistemas ilegales de cobro para sobrevivir.
Postura de las autoridades
A pesar de que las autoridades penitenciarias han negado reiteradamente la existencia de estos cobros, la Dirección General de Régimen Penitenciario admitió que no son legales, pero minimizó el problema alegando que los montos “son bajos”. El informe defensorial contradice esta postura, al demostrar que se trata de un mecanismo generalizado que vulnera de forma estructural los derechos humanos.
Conclusiones del informe
El documento concluye que la permanencia de estas prácticas revela una profunda fragilidad institucional y cuestiona la capacidad del sistema penitenciario boliviano para cumplir su mandato de garantizar dignidad, rehabilitación y reinserción social.
