Con la participación de más de 2,000 policías y 104 fiscales, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de Perú llevó a cabo este sábado un megaoperativo simultáneo en 68 centros penitenciarios del país. El objetivo de esta acción es frenar las redes de extorsión y otras actividades delictivas que operan desde el interior de las cárceles.
El operativo comenzó en la madrugada y fue supervisado por el presidente del Inpe, Iván Paredes, y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baleón Vásquez. Ambos, junto a representantes del Ministerio Público y agentes del Grupo de Operaciones Especiales, encabezaron los controles en el penal de Ancón I, que se encuentra al norte de Lima.
Incautaciones durante los allanamientos
Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, chips, armas blancas y envoltorios tipo ketes que contenían pasta básica de cocaína y marihuana. Las inspecciones abarcaron celdas, pasillos, patios, cocinas y otras áreas comunes. También se realizaron revisiones corporales a los reclusos, todo bajo estrictos protocolos de seguridad.
Despliegue de agentes penitenciarios
En paralelo, 1,174 agentes penitenciarios recorrieron los establecimientos como parte de un despliegue coordinado. Esta acción forma parte de la política institucional denominada Seguridad en Acción.
Objetivos del Inpe
El presidente del Inpe advirtió que el objetivo es identificar a los internos involucrados en mafias de extorsión. A aquellos que se detecten, se les trasladará a penales de mayor contención, alejados de su entorno. Además, anunció el relevo de los directores regionales del sistema penitenciario en todo el país para reforzar el control interno y combatir la corrupción.
Contexto de la intervención
La intervención se lleva a cabo en un contexto de creciente violencia en diversas regiones del Perú. El incremento de extorsiones, sicariato y delitos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal ha obligado al Gobierno a declarar el estado de emergencia con apoyo de las Fuerzas Armadas.
