La Corte Suprema de Brasil ha decidido reforzar la vigilancia en la residencia del expresidente Jair Bolsonaro. Esta medida se toma a pocos días del inicio de la fase final del juicio en su contra, donde se le acusa de estar involucrado en una supuesta trama golpista tras su derrota electoral en 2022.
El magistrado Alexandre de Moraes, quien es el instructor del caso, ha ordenado a la Policía Penal de Brasilia que registre todos los vehículos que entren y salgan del domicilio de Bolsonaro. Además, se debe informar sobre los ocupantes y conductores de esos vehículos. También se ha dispuesto un monitoreo constante del área exterior de la vivienda, donde Bolsonaro se encuentra bajo prisión preventiva desde principios de agosto.
Esta decisión busca asegurar el cumplimiento de la ley penal, sin afectar la privacidad de los demás residentes de la casa, donde Bolsonaro vive con su esposa e hija. De Moraes ha rechazado una propuesta de la Policía Federal que sugería extender la vigilancia al interior de la vivienda, una postura que también fue respaldada por la Fiscalía.
Cargos y posibles penas
El expresidente, de 70 años, enfrenta cargos que podrían llevarlo a cumplir hasta 40 años de prisión. Se le acusa de intentar anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. También se le imputa haber incitado los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.
Además de estar bajo prisión domiciliaria, Bolsonaro lleva una tobillera electrónica y tiene prohibido el uso de redes sociales. En las últimas horas, su estado de salud ha generado preocupación. Según su hijo, Carlos Bolsonaro, el expresidente “no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos”.
Detalles de la acusación
La acusación de la Fiscalía describe cuatro etapas clave de la supuesta conspiración. Estas incluyen una campaña de desinformación contra el sistema electoral, reuniones con altos mandos militares en la residencia presidencial para discutir un decreto que instaurara un estado de sitio, un supuesto plan de magnicidio contra Lula, su vicepresidente y el juez Moraes, y la incitación a la invasión de los tres poderes como un último intento para evitar el regreso de la izquierda al poder.
El juicio avanza con testimonios de excolaboradores y militares. Uno de ellos es el general Marco Antonio Freire, quien admitió haber discutido con Bolsonaro “medidas excepcionales” para revertir el resultado electoral. También declaró el excomandante de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista, quien le advirtió directamente al entonces presidente: “Pase lo que pase, el 1 de enero usted no será presidente”.
Viaje a Estados Unidos
Según la Fiscalía, el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula y la posterior asonada del 8 de enero son parte de la “esperanza final” del plan golpista. Por su parte, el expresidente sostiene que nunca hubo intención de dar un golpe y que solo se discutieron “hipótesis” dentro del marco constitucional.
