El diputado “evista” Fredy Mamani expresó este jueves 28 de agosto que el “evismo” está considerando llevar su caso a instancias internacionales. Esto se refiere a iniciar procesos legales contra las autoridades judiciales que decidieron otorgar la libertad y medidas sustitutivas al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidente Jeanine Áñez y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
Mamani cuestionó la reciente decisión judicial que permitió la detención domiciliaria del gobernador de Santa Cruz, relacionado con el caso del paro de 36 días. También criticó la libertad pura y simple de Pumari. Según el parlamentario, estas resoluciones evidencian una justicia que favorece intereses políticos y es parcializada.
“Estamos evaluando cómo este juicio de responsabilidades pueda recaer en estas autoridades que se han prestado a los partidos políticos y al actual gobierno. (…) Lo que necesitamos es acudir a organismos internacionales para que se pueda hacer justicia para nuestros hermanos y hermanas”, declaró Mamani.
Desconfianza en el sistema judicial
El legislador afirmó que la justicia en el país “se enterró” con estas decisiones. Además, advirtió que la falta de independencia de poderes genera desconfianza en la población. Esta situación ha llevado al sector “evista” a solicitar reuniones con entidades internacionales para presentar formalmente sus denuncias.
“Sí, estamos pidiendo eso a los organismos internacionales porque en este momento confiar en una justicia nacional definitivamente está perdido, está totalmente perdido”, comentó Mamani al ser preguntado sobre si planeaban acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Resoluciones judiciales recientes
Las declaraciones de Mamani se dieron tras la resolución del Juzgado Primero de Anticorrupción, que concedió detención domiciliaria a Camacho en el caso del paro de 36 días. Esta medida se suma a la ya otorgada en el denominado caso Golpe de Estado I.
Al mismo tiempo, la justicia determinó la libertad de Pumari. Esta decisión generó críticas por parte de víctimas de los hechos de 2019 y de legisladores oficialistas, quienes también han planteado la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.
