La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) han manifestado su fuerte rechazo ante la agresión y destrucción de equipos de trabajo que sufrió el periodista Guider Arancibia, del periódico El Deber. Este incidente ocurrió el 22 de agosto de 2025 en el aeropuerto El Trompillo, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, a manos del capitán de aviación Jaime Rodríguez, mientras Arancibia realizaba una cobertura periodística.
Detalles de la agresión
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el capitán Rodríguez confrontó y agredió al periodista cuando este mostró su credencial. Durante el altercado, el agresor amenazó a Arancibia y lo expulsó de la terminal aérea. En presencia de efectivos de la Policía antinarcóticos, Rodríguez le quitó y destruyó su teléfono celular con la intención de evitar que se registrara lo sucedido.
Violencia contra el periodismo
El comunicado de las asociaciones de periodistas subraya que la obstrucción al trabajo periodístico, así como las amenazas y el amedrentamiento, son actos de violencia que buscan silenciar y censurar la labor informativa. La destrucción de equipos de trabajo se considera una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de libertad de expresión.
Obligaciones del estado boliviano
Las organizaciones enfatizan que el estado boliviano tiene la responsabilidad de investigar cualquier denuncia de agresión a periodistas, sancionar a los responsables y adoptar medidas que garanticen que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o hostigamientos.
Exigencias a la Fiscalía
Se exige a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a las instancias competentes que inicien de inmediato una investigación sobre los hechos denunciados. También se solicita la identificación completa de los responsables y la aplicación de sanciones contra el agresor de acuerdo con la ley. Además, se requieren garantías efectivas para que los periodistas puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos o violencia.
Implementación de protocolos
El comunicado reitera la necesidad de implementar protocolos que obliguen a los efectivos militares y policiales a respetar y garantizar la labor periodística en espacios públicos. Las instituciones estatales deben proteger el derecho a la información de la ciudadanía, que se ve afectado cuando se agrede a los periodistas.
Finalmente, se concluye que “ningún acto de violencia ni amenaza podrá coartar la libertad de expresión ni el derecho del pueblo boliviano a estar informado”. La impunidad frente a estas agresiones solo contribuye a su repetición.
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