El fútbol boliviano se encuentra en una encrucijada judicial que podría llevar a la suspensión del campeonato nacional. Los 16 clubes de la División Profesional advirtieron con paralizar el torneo si la justicia falla a favor de la empresa Telecel S.A. (Tigo), en el conflicto legal que sostiene con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
El origen del conflicto se remonta a marzo de 2025, cuando la FBF exigió a Tigo el pago de 15,9 millones de dólares por la retransmisión sin autorización de 505 partidos correspondientes a la temporada 2024. Según la Federación, la empresa continuó difundiendo esos contenidos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025, pese a que el contrato de derechos televisivos había concluido el 31 de diciembre de 2024. Ante la falta de respuesta de la empresa, la FBF presentó una acción de amparo constitucional. La entidad sostiene que el material audiovisual pertenece a la Federación, y que su difusión posterior sin autorización representa una explotación comercial indebida.
En abril, tras detectarse 60 transmisiones adicionales, la FBF actualizó su reclamo, elevando la cifra exigida a 17,8 millones de dólares, argumentando que un total de 565 encuentros fueron emitidos ilegalmente por Tigo Sports a través de sus plataformas. Como parte de la acción legal, el 4 de agosto de 2025, un tribunal admitió el amparo interpuesto por la FBF. En cumplimiento de esa resolución, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ordenó el congelamiento de cuentas, fondos y activos financieros de Telecel S.A. en todo el país.
Este fallo provisional fue celebrado por la Federación, pero también generó tensión en el entorno futbolístico. A través de un comunicado conjunto, los clubes profesionales manifestaron su respaldo a la FBF y su preocupación por el desenlace del caso. “Si la justicia boliviana no respeta los derechos de los actores del fútbol, no continuaremos con el campeonato”, señala parte del mensaje publicado en las redes oficiales de la Federación. Hasta el momento, el proceso continúa en curso y no se ha emitido un fallo definitivo.
