La ONG Fundamedios ha denunciado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en grupos de periodistas en Ecuador. Esta situación se da tras la expulsión de un sargento policial por parte del administrador de un grupo de prensa. La denuncia se produce en un contexto donde un informe del Departamento de Estado documenta violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Infiltración en grupos de prensa
La alerta surgió cuando se reveló la presencia de uniformados en 17 grupos de WhatsApp que se utilizan para el intercambio de información. Además de la suplantación de identidad como “periodistas”, se han presentado testimonios sobre una presunta red de vigilancia dirigida por agentes estatales. Esta red operaba mediante un chat denominado “Asadero del cuy”, que contaba con seudónimos y estructuras de mando.
Reacción del gobierno
La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre la falta de pronunciamiento oficial por parte de la Policía y si el gobierno ha iniciado alguna investigación al respecto. Jaramillo rechazó la veracidad de la información filtrada, afirmando que “no ha pasado por ningún procedimiento formal o judicial que pueda revestir esta información de veracidad”. Además, indicó que el Gobierno “no se va a referir a un rumor”.
Cuando se le insistió sobre el silencio de las autoridades y la permanencia de los agentes en los chats de prensa, la vocera reiteró que no responderán sobre evidencia “no verificada”. También cuestionó la legalidad del origen de la información. En otra intervención, se le preguntó sobre el informe del Departamento de Estado que documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Ecuador desde el inicio del conflicto armado interno. Jaramillo evitó responder si al Gobierno le preocupa este señalamiento.
Medidas del gobierno
A pesar de esto, reconoció que “hay sin duda medidas que buscan corregir cualquier error” y que “la ciudadanía está comprometida con el bloque de seguridad”. Ante preguntas sobre qué acciones concretas se han tomado para evitar torturas y ejecuciones, Jaramillo declinó responder directamente y sugirió que “lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado” de las medidas adoptadas.
Informe del Departamento de Estado
El informe del Departamento de Estado recoge testimonios sobre torturas y agresiones por parte de militares, incluyendo el uso de electroshocks en cárceles. También se hace referencia explícita a denuncias contra periodistas, además de ejecuciones durante operativos militares. Una investigación conjunta publicada el 25 de agosto revela que entre 2023 y 2024, las denuncias por tortura se cuadruplicaron, pasando de 52 a 195 casos. Las ejecuciones extrajudiciales aumentaron de 6 a 19, y las denuncias por desapariciones forzadas pasaron de 12 a 26.
Prácticas ilegales en el ejército
La investigación muestra cómo soldados han recurrido a métodos ilegales para obtener información. Un militar entrevistado confesó: “Les tapamos la cabeza con una funda, les cubrimos la boca y la nariz. Se les bota bastante agua. Eso les causa asfixia. Ahí dan información”. Según los hallazgos, la falta de inteligencia operativa ha llevado a las Fuerzas Armadas a asumir tareas policiales sin la preparación adecuada.
La investigación documenta 43 desapariciones tras ser detenidas por militares en allanamientos irregulares; 8 de estas personas fueron encontradas sin vida. El reporte también identifica que dos protocolos obligatorios del uso de la fuerza no se están cumpliendo. “Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía están preparadas para un contexto de guerra”, advirtió Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto. El experto señaló que los militares ecuatorianos estarían bajo presión para mostrar cifras efectivas, incluso a costa de prácticas violatorias.
