La prolongada detención preventiva de tres figuras clave de la oposición boliviana —Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari— ha vuelto a ser un tema central en el debate jurídico y político. Esto ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara el 21 de agosto de 2025 la verificación de los plazos legales establecidos para estos casos.
La expresidente transitoria Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021. Su abogado defensor, Luis Guillén, informó que Áñez ha cumplido 4 años y medio de detención y enfrenta al menos 9 procesos ordinarios. Según su equipo legal, estos procesos fueron abiertos de manera ilegal. En uno de los casos, Áñez se encuentra bajo detención domiciliaria, mientras que en los otros se le han impuesto medidas cautelares restrictivas.
Detención de Luis Fernando Camacho
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido en diciembre de 2022 en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”. Según su abogado, Martín Camacho, el líder cruceño ha estado detenido durante 968 días en este proceso y otros 848 días por el caso relacionado con el paro cívico de 36 días. El jurista ha calificado esta situación como arbitraria y ha señalado que se debería aplicar una medida de libertad, considerando el instructivo del TSJ.
Marco Antonio Pumari y su encarcelamiento
Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, ha estado encarcelado durante 3 años y medio. Su abogado, Diego Gutiérrez, ha detallado que Pumari enfrenta procesos en Potosí y La Paz. En ambos casos, se solicitará la libertad pura y simple. Gutiérrez argumentó que se han excedido ampliamente los 18 meses máximos que la legislación boliviana permite para la detención preventiva en casos de delitos graves.
Mandato del TSJ
Según el mandato del TSJ, las instancias judiciales deben verificar la legalidad de estas detenciones en un plazo de 24 horas. Los equipos jurídicos de los tres implicados coinciden en que la permanencia de sus defendidos en prisión preventiva ha superado los límites establecidos por la normativa vigente. Esta normativa contempla un plazo razonable de 6 meses en general y de hasta 18 meses en causas complejas.
