Por: Ronald Nostas Ardaya
Tras las elecciones del 17 de agosto, Bolivia se encamina a una segunda vuelta con dos visiones opuestas para enfrentar la crisis económica. La primera plantea acudir a préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), aduciendo que este organismo es el único que puede conceder rápida y fácilmente los 10.000 millones de dólares que se necesitan para atender la emergencia. La segunda, señala que es suficiente implementar medidas de ajuste interno, para que la economía se reactive por sí sola, aduciendo que acudir al FMI incrementará la ya elevada deuda externa (casi 30% del PIB), nos llevaría a pagar onerosas cuotas anuales, y nos expondría a obedecer duros condicionamientos del organismo internacional.
Más allá de estas diferencias y del resultado del balotaje, asegurar el ingreso inmediato de una cantidad suficiente de dólares a nuestra economía será una cuestión central para el nuevo gobierno, especialmente si consideramos la gravedad de la crisis y la escasez crónica de reservas para atender las importaciones (sobre todo de carburantes), pagar el servicio de la deuda externa y devolver los préstamos a la banca privada.
Los datos disponibles indican que internamente no podemos generar esa cantidad en poco tiempo; externamente la mejor alternativa parece ser el FMI cuyo apoyo, además, es necesario para restablecer la confianza de inversionistas y otros organismos multilaterales. Respecto a los requisitos, en su documento: “Consulta del Artículo IV de 2025”, el Fondo ya adelantó las condiciones que podría demandar para prestar su apoyo al país, aclarando que ante todo “Bolivia debe reorientar su estrategia económica”.
De manera explícita, el organismo propone una drástica reducción del déficit, vía disminución de la masa salarial del sector público y del subsidio a los combustibles, ampliación de la base de contribuyentes, mejora de la calidad de la inversión pública, y disciplina del gasto. Plantea, asimismo, sincerar y unificar el tipo de cambio, implementar una política monetaria restrictiva con tasas de referencia efectivas y operaciones de mercado abiertas, limitar la impresión de moneda, fortalecer el sistema de pensiones, y dotar de independencia a la ASFI y al Banco Central.
Será necesario, según el Fondo, una mayor supervisión y prudencia al sistema financiero, eliminando los techos de tasas y cuotas obligatorias, los controles de precios y las restricciones a las exportaciones; simplificando trámites y las regulaciones; y promoviendo alianzas público-privadas en minería, hidrocarburos, litio, agroindustria y logística, bajo reglas claras y con salvaguardas ambientales. Sobre los carburantes, demanda ajustar gradualmente precios internos, rediseñar contratos para atraer inversión privada, reactivar la producción y abrirse a asociaciones con capital privado.
Para disminuir el impacto social, sugiere transferencias temporales y focalizadas, tarifas sociales para transporte y energía, y refuerzo de bonos condicionados. También demanda transparentar la información estadística del Estado, reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción y, reconstruir confianza ciudadana y credibilidad de mercado.
El Fondo señala que un cambio en la orientación del actual modelo es necesario. Sin embargo, los márgenes de éxito son menores y el riesgo de un ajuste caótico es alto, si no se cuenta con un ancla externa. Curiosamente, ambas candidaturas en disputa coinciden en muchas de estas recetas, y sólo difieren en los instrumentos y los tiempos.
Sin duda que se pueden ensayar alternativas sin la participación del FMI. Es posible obtener financiamiento puente con otros multilaterales como la CAF, el BID y el Banco Mundial, en condiciones más flexibles, sin embargo, serían insuficientes y exigirían señales de consolidación fiscal, reglas claras y mejor gestión de proyectos.
Otras opciones son renegociar la deuda e imponer el ahorro interno para atender la emergencia, pero esto no soluciona el desequilibrio fiscal ni genera divisas nuevas. También se puede continuar con monetización y controles, lo que tendría menor resistencia en el corto plazo y mayor costo en el mediano con más inflación, mayor brecha cambiaria, racionamiento y caída de productividad.
Anticipar flujos del litio y la minería con asociaciones público-privadas, pacto de preventas y adelanto de regalías podría ser útil para proyectos específicos, pero con plazos largos, alto riesgo regulatorio y capacidad limitada para estabilizar un ciclo de balanza de pagos.
Si optamos por el FMI, el camino está más claro. Si decidimos obviarlo, habrá que construir una alternativa con las mismas piezas esenciales: ajuste fiscal, liberación del tipo de cambio, disminución de las subvenciones y protección a los vulnerables.
Esto nos hace pensar que quizá estemos ante un falso dilema, y la cuestión no sea acudir o no al FMI, sino que el Fondo acepte o no prestarnos la ayuda que con tanta urgencia necesitamos.
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
