El Consejo de la Magistratura ha decidido llevar a cabo una revisión extraordinaria de sentencias que ya han sido ejecutoriadas en el ámbito penal. Esta medida tiene como objetivo atender posibles violaciones a derechos fundamentales y asegurar que las personas privadas de libertad tengan acceso a la justicia. La disposición entró en vigor el 9 de julio de 2025.
Detalles de la decisión
La decisión fue comunicada tras la determinación de la Sala Plena. Establece que los Jueces de Ejecución Penal en todo el país deben elaborar informes detallados sobre aquellos casos que, identificados durante las visitas a las cárceles, justifiquen la aplicación de esta figura jurídica.
Fundamentos legales
De acuerdo con el Artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, la revisión extraordinaria de sentencias se aplica de manera excepcional. Esto ocurre cuando se presentan circunstancias como la vulneración de derechos fundamentales, la desproporcionalidad en la pena impuesta, la aparición de nuevos elementos probatorios o irregularidades procesales en la valoración de la prueba.
Prioridades en la aplicación
El Consejo de la Magistratura ha subrayado que esta medida se aplicará sin discriminación alguna, independientemente del tipo de delito o la condición del privado de libertad. Se dará prioridad a aquellos que no tuvieron acceso oportuno y adecuado a la defensa.
“Con esta instructiva se busca que la justicia boliviana sea coherente con la dignidad de las personas y respete plenamente los derechos de la ciudadanía”, menciona el comunicado oficial.
Garantías constitucionales
El comunicado también cita el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Los jueces deberán enviar informes que incluyan los datos completos de los privados de libertad, los fundamentos para la posible revisión y observaciones adicionales.
Compromiso con la justicia
El objetivo de esta acción es fortalecer un sistema judicial que sea más moderno, eficiente y confiable. Con esta medida, el Consejo de la Magistratura reafirma su compromiso con una justicia que sea transparente y equitativa, donde todas las personas tengan la oportunidad de acceder a un proceso justo y a la protección de sus derechos fundamentales.
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