La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó este domingo 24 de agosto de 2025 que la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar en 24 horas la detención preventiva de la expresidente Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el líder cívico Marco Antonio Pumari, responde más a una medida política que judicial.
Cuestionamiento a la medida
Arraya cuestionó que esta disposición se aplique únicamente a tres casos, cuando cerca del 60% de la población penitenciaria en Bolivia se encuentra en detención preventiva. Según la autoridad, el instructivo debería extenderse a todos los privados de libertad bajo esa condición.
Informes internacionales relevantes
En referencia a los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, la autoridad señaló que deben considerarse los informes internacionales que documentan los hechos de 2019. Estos informes sirven de base para las acusaciones en curso.
Instrucción del TSJ
Días atrás, el TSJ instruyó a los tribunales departamentales remitir información sobre los plazos legales y la situación procesal de los tres detenidos. El Código de Procedimiento Penal establece que la detención preventiva no debe prolongarse más de 6 meses.
Independencia del Órgano Judicial
Arraya subrayó que el Órgano Judicial es independiente y aseguró que el Ejecutivo respetará la decisión que se adopte este lunes en la audiencia programada en La Paz por el caso denominado Golpe I.
Defensas de los detenidos
Las defensas de Camacho y Pumari adelantaron que solicitarán la cesación de la detención. El primero argumentará que ya no existen riesgos de fuga ni de obstaculización, mientras que el segundo lo hará porque su juicio concluyó.
