Delegados de los privados de libertad de los penales de Palmasola, en Santa Cruz, y Villa Busch, en Pando, se declararon en estado de emergencia este domingo 24 de agosto de 2025. Esta decisión se toma en demanda de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) extienda a todos los reclusos con detención preventiva la revisión de plazos que se dispuso para la expresidente Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Pumari.
Demandan igualdad ante la ley
En un pronunciamiento, los representantes de los reclusos señalaron que no extender la revisión de plazos a todos los detenidos significaría un trato desigual en la administración de justicia. “Creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, expresó uno de los delegados, según lo citado por ABI.
Instrucción del TSJ
La semana pasada, el TSJ instruyó a los jueces de todo el país que verifiquen, en un plazo de 24 horas desde su notificación, el cumplimiento de los plazos legales de detención preventiva en los casos de Áñez, Camacho y Pumari.
Los privados de libertad están pidiendo que esta disposición se aplique a todos los detenidos preventivos del país. “Que también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia. Que también puedan tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente”, insistieron en su pronunciamiento.
Situación de los detenidos
Áñez cumple una condena de 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en el caso denominado Golpe de Estado II. Por su parte, Camacho y Pumari se encuentran en detención preventiva debido a los hechos de violencia ocurridos en 2019, que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales. Ambos tienen otros procesos en curso y fueron citados a una audiencia de revisión de sus medidas cautelares este lunes.
Estado de emergencia pacífica
Los privados de libertad advirtieron que mantendrán su estado de emergencia pacífica a nivel nacional hasta que se dé una respuesta a su demanda. Esta situación refleja la lucha por la igualdad y el derecho a una revisión justa de sus casos en el sistema judicial boliviano.
