El excívico potosino Marco Pumari ha denunciado que jueces, fiscales y abogados están lucrando con las detenciones preventivas en Bolivia. Según la Defensoría del Pueblo, el 58,2% de los 33.275 presos en el país son detenidos preventivos.
Esta denuncia se produce en el contexto de la revisión de los casos de Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pumari expresó en su cuenta de X: “En carne propia vivimos la justicia corrupta, donde grupos corporativos de algunos jueces, fiscales y abogados se articulan para lucrar con el dolor de las familias de los privados de libertad. Detenciones preventivas que se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE”.
Posibles cambios en la situación
La situación de la expresidente Jeanine Áñez, del gobernador electo cruceño Luis Fernando Camacho y de Pumari podría cambiar cuando se realicen las audiencias de cesación a la detención preventiva que ya han solicitado los abogados defensores.
El 9 de diciembre de 2021, la Policía detuvo a Pumari en Potosí, acusado de haber incendiado, supuestamente, el Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Un año después, se reveló que fue aprehendido sin una orden, una irregularidad que fue justificada por la fiscal departamental de ese momento.
Acusaciones y justicia
Pumari fue posteriormente acusado en el caso golpe de Estado I, que busca condenar a la expresidente y al gobernador de Santa Cruz. Los acusados celebraron la decisión judicial que les permite objetar la retardación de justicia para salir de las cárceles.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal (CPP), la detención preventiva no puede exceder los 18 meses si no se presenta la acusación y más de 36 meses si el juicio no ha terminado. En el caso de Pumari, lleva 44 meses como detenido preventivo sin que se haya dictado ningún tipo de medida.
Datos sobre detenidos preventivos
La Defensoría del Pueblo publicó este viernes datos sobre los detenidos preventivos en Bolivia. Hasta junio de 2025, se informó que el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en las cárceles son detenidos preventivos. Estos también están a la espera de que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales correspondientes.
