La Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido aplazar la abrogación de las leyes incendiarias y otras normativas hasta la próxima legislatura. Esto significa que serán los nuevos legisladores quienes deberán abordar estos temas. Esta decisión se tomó después de que se rechazara un crédito de 30 millones de dólares.
La diputada arcista Blanca López fue quien propuso el aplazamiento. Ella argumentó que su gestión está llegando a su fin y que, en su opinión, no era relevante discutir las declaraciones de días nacionales de ciertas danzas folklóricas. Además, mencionó que la abrogación del paquete de leyes incendiarias no había sido socializada con los sectores involucrados.
Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, expresó su descontento por el rechazo del crédito de 30 millones de dólares y de otro de 100 millones de dólares. Este último estaba destinado a financiar el proceso electoral y la compra de combustible.
Yujra responsabilizó a la oposición y a otros legisladores por obstaculizar la viabilidad de estos créditos. También advirtió que el próximo gobierno necesitará de estos préstamos y que existe el riesgo de que Japón no esté dispuesto a otorgar más financiamiento al país en el futuro.
Por otro lado, la legisladora evista Gladys Quispe denunció que el crédito había sido supuestamente dispuesto por el gobierno. Quispe solicitó aclaraciones sobre el destino de esos fondos.
En el contrato del préstamo se incluía el crédito de 100 millones de dólares JIKA, que originalmente estaba destinado a gastos relacionados con el Covid-19. Sin embargo, ahora se ha redirigido para la compra de combustible.
La sesión se reanudó desde la aprobación en detalle, dado que la aprobación en grande ya se había realizado en una sesión anterior. No obstante, la mayoría de los parlamentarios rechazaron todos los artículos que contenía la norma.
