La ministra de Justicia de Bolivia, Jessica Saravia, afirmó este miércoles que en el país no hay presos políticos. Esta declaración contradice la postura del Parlamento Europeo, que ha expresado su preocupación por la situación de detenidos como la expresidente Jeanine Áñez. Saravia subrayó que los procesos judiciales actuales son consecuencia de delitos establecidos en el Código Penal y no de motivaciones políticas.
Declaraciones de la ministra
“El Parlamento Europeo no es una entidad boliviana, ¿no es cierto? Y nosotros, antes que nada, debemos generar independencia y soberanía. Quiero recordar a toda la población que los procesos que se han iniciado no son procesos políticos”, enfatizó la autoridad.
Este pronunciamiento se produce tras las declaraciones de Annalisa Corrado, jefa de la delegación del Parlamento Europeo que visitó el país para observar las elecciones generales pasadas.
Informe del Parlamento Europeo
Corrado recordó durante la presentación del informe preliminar del 17 de agosto de 2021 que el Parlamento Europeo aprobó en ese año una resolución en la que se manifestaba preocupación por la situación de los considerados “presos políticos” en Bolivia. Entre ellos se encuentra la expresidente Jeanine Áñez y algunos de sus excolaboradores.
En este contexto, indicó que como Gobierno esperan que el órgano judicial, dentro de sus competencias y de toda la fundamentación que hubo en su momento, continúe con los procesos que ya están en etapa, en algunos casos, en juicio. Por lo tanto, que se “actúe conforme a la norma”.
Reiteración del Gobierno
“Lo repetiremos siempre: en Bolivia no existen presos políticos. Son personas que, en su momento, han adecuado su conducta a un tipo penal y por eso hoy están siendo procesadas”, insistió.
Desde la detención de la expresidente Jeanine Áñez y de algunos de sus excolaboradores en 2021, el Parlamento Europeo aprobó ese mismo año una resolución en la que consideró como “presos políticos” a los capturados por la crisis de 2019. En esa ocasión, también pidió la liberación inmediata de los detenidos y el retiro de los cargos por “motivos políticos”, ya que consideró que se trató de detenciones “arbitrarias e ilegales”.
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