La Justicia ha decidido que se detenga el tratamiento de los contratos para la explotación de litio mientras se lleva a cabo una evaluación del impacto ambiental. Esta decisión surge a raíz de un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo, que solicitó medidas cautelares para proteger los derechos de las comunidades locales y el medioambiente.
Como resultado de esta resolución, la Asamblea Legislativa deberá suspender temporalmente el análisis de los contratos firmados con las empresas CBC de China y Uranium One Group de Rusia.
Requisitos establecidos
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la juez agroambiental aceptó las medidas y estableció ciertos requisitos que deben cumplirse antes de que se trate legislativamente los contratos. Uno de los requisitos más importantes es la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, que debe enfocarse en los recursos hídricos de la región.
Además, se debe llevar a cabo un análisis detallado sobre las aguas fósiles que se encuentran en el Salar de Uyuni. También se requiere un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que podrían verse afectadas por los proyectos extractivos.
Mandatos judiciales
Otro de los mandatos de la justicia indica que, antes de avanzar en la aprobación legislativa, la Asamblea debe solicitar formalmente los estudios ambientales estratégicos. Asimismo, se debe convocar a todos los actores involucrados para que puedan considerar el contenido de dichos estudios.
Posición de la Defensoría
Callisaya aclaró que la Defensoría del Pueblo no está en contra del desarrollo de iniciativas económicas. Sin embargo, enfatizó la importancia de respetar los derechos humanos y ambientales en el contexto de cualquier emprendimiento estatal.
Argumentos del Gobierno
En ocasiones anteriores, el Gobierno había argumentado que no era posible realizar una evaluación de impacto ambiental debido a que aún no se había determinado el lugar exacto donde se llevarían a cabo los proyectos de litio.
