La ministra de Justicia, Jessica Sarabia, anunció que el gabinete ha aprobado un proyecto de ley que tiene como objetivo regular los procesos contenciosos y contencioso-administrativos. Esta iniciativa busca proporcionar mayor legalidad, seguridad jurídica y eficacia en el cobro de deudas e infracciones que se presenten contra el Estado.
Durante la sesión de gabinete, se dio luz verde a este proyecto normativo que tiene como finalidad modernizar y sistematizar los procedimientos que el Estado utiliza para cobrar deudas a empresas. Estas deudas pueden surgir por incumplimiento de contratos o por la imposición de multas administrativas. La ministra Sarabia explicó que la norma tiene como propósito ajustar plazos, establecer procedimientos claros y garantizar el derecho a la defensa de todas las partes involucradas.
Superación de normativas anteriores
Sarabia destacó que esta iniciativa busca superar las limitaciones de la normativa vigente desde 2002. Además, pretende reemplazar instructivos que no tienen rango de ley y otorgar un respaldo legal a los procedimientos que las entidades públicas llevan a cabo para la recuperación de recursos. “Estamos generando seguridad jurídica, procedimientos oportunos y mayor celeridad”, afirmó la ministra.
Caso de la empresa Shell
La ministra también abordó el caso de la empresa Shell, que ha presentado denuncias sobre incumplimientos contractuales y persecución judicial. Aclaró que el arbitraje comercial que buscaba un cobro de 12 millones de dólares fue anulado. La empresa ha enviado una nota en la que manifiesta su intención de iniciar un arbitraje de inversión si no se llega a un acuerdo previo. La Procuraduría del Estado está llevando a cabo una revisión de antecedentes, pero hasta el momento no hay un proceso legal en curso.
Respuesta al Parlamento Europeo
En relación a la solicitud del Parlamento Europeo para asegurar juicios justos en los procesos derivados de la crisis postelectoral de 2019, Sarabia respondió que Bolivia es un Estado soberano. Aseguró que dichos procesos no son políticos, sino judiciales. La ministra afirmó que los involucrados han ejercido su derecho a la defensa y que las causas avanzan conforme a la normativa nacional. “En Bolivia no existen presos políticos”, concluyó de manera categórica.
