El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, quien es la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esta citación se debe a un presunto delito de malversación de caudales públicos. La resolución, que fue fechada el 18 de agosto de 2025, también incluye a su asistente, Cristina Álvarez Rodríguez. Esta última deberá comparecer el 10 de septiembre, mientras que Gómez lo hará un día después.
Este procedimiento se origina a partir de una querella presentada por Vox, que cuenta con el apoyo de asociaciones como Manos Limpias y HazteOir.org. Estas entidades denunciaron malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Aunque el juzgado solo ha admitido a trámite el presunto delito de malversación, hasta ahora no se había imputado dicho delito a Gómez. La esposa de Pedro Sánchez estaba siendo investigada por otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Investigación de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial de Madrid ya había señalado que había elementos que merecían una investigación más profunda. Entre estos elementos se encuentran correos electrónicos en los que la asistente de Gómez contactaba con empresas privadas para solicitar patrocinios. Además, se mencionó su papel como persona de confianza en actividades que no estaban relacionadas con sus funciones oficiales. También se hizo referencia a su relación con el Grupo Barrabés, que ha sido beneficiario de contratos públicos.
Justificación de la imputación
Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluyó un extracto del auto de la Audiencia Provincial. En este extracto se menciona que “otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez”. Esto podría implicar una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados.
El juez Peinado subraya que toda esta situación podría suponer una “desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”. Por lo tanto, el juez concluye que es procedente citar en calidad de investigadas a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos. Esta resolución puede ser objeto de recurso.
Defensa del Gobierno
El Gobierno ha salido en defensa de Begoña Gómez. La esposa de Sánchez tiene varias citaciones judiciales como investigada. Estas incluyen el presunto tráfico de influencias hacia Barrabés, la gestión en la cátedra y los 2 másteres que codirigía en la Universidad Complutense, así como la presunta apropiación indebida del software relacionado con dicha cátedra. Este lunes, desde Lanzarote, en las Islas Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres recordó que el Tribunal Supremo ya había descartado hace meses un delito de malversación en la contratación de la asesora.
Torres afirmó: “El Tribunal Supremo ya dijo claramente que no había ningún supuesto delito de malversación con respecto a la esposa del presidente del Gobierno”. También mencionó antecedentes relacionados con este mismo juez que han sido resueltos favorablemente para otros funcionarios aforados.
