El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha convocado a una marcha con toma de instituciones para el martes 19 de agosto. Esta movilización se realiza en rechazo a la firma de contratos para la explotación de litio en el Salar de Uyuni, por parte del gobierno de Luis Arce. La controversia surge tras la aprobación de uno de estos contratos con la empresa rusa Uranium One Group, que fue respaldado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja el 15 de agosto.
La convocatoria a la marcha se emitió después de un consejo consultivo. La mencionada comisión legislativa, presidida por Hernán Hinojosa, aprobó tanto en grande como en detalle el proyecto de ley que busca poner en marcha una planta de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni. Además, se incluyó una propuesta para la exploración y explotación de hidrocarburos. Tras su aprobación, el documento fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración posterior.
Medidas de organizaciones potosinas
Entre las acciones que planean las organizaciones potosinas se encuentra la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y un proceso penal ordinario por falsedad material. Esto se debe a que en la comisión legislativa se mostraron documentos que indican que hubo consulta previa, aunque los originarios afirman que nunca se les consultó, según reportó Brújula Digital.
Las instituciones potosinas también han declarado estado de alerta roja. Esta medida busca evitar que se lleve a cabo la ejecución del contrato con la empresa rusa y otro con una firma china.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la aprobación del contrato de litio con la empresa Uranium One Group en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. Según la institución, es fundamental respetar los derechos colectivos de la Madre Tierra.
Para salvaguardar estos derechos, la Defensoría anunció que ha interpuesto una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud busca proteger el derecho a la tierra y el medio ambiente.
Solicitudes de la Defensoría
La institución ha pedido la suspensión del tratamiento de proyectos de ley relacionados con estos contratos hasta que se cuente con estudios ambientales integrales. Estos estudios deben abordar la disponibilidad hídrica y estar respaldados por investigaciones hidrogeológicas.
Además, se requiere garantizar procesos efectivos de consulta previa, libre e informada antes de la aprobación de cualquier contrato. También se solicita el establecimiento de normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales previas al tratamiento de contratos relacionados con el litio. Por último, se pide la validación de los informes técnicos que respaldan los contratos por instancias especializadas, competentes y representativas.
