El gobierno de Ecuador ha solicitado a la Corte Constitucional (CC) que la audiencia sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública se realice de manera presencial. Esta solicitud fue presentada el 15 de agosto de 2025 por Stalin Santiago Andino González, quien es el secretario general jurídico de la Presidencia.
En un escrito inicial, el presidente Daniel Noboa había pedido aplazar la audiencia telemática hasta que se cumpliera el plazo de 15 días para responder a las acciones acumuladas, las cuales fueron notificadas el 8 de agosto de 2025. Sin embargo, en el nuevo oficio enviado a la CC, Andino González indica: “desisto de dicho requerimiento, y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren en el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”.
La Corte Constitucional había planeado que la diligencia se llevara a cabo en modalidad telemática. Esta práctica ha sido utilizada en varios casos para optimizar tiempos y facilitar la participación de las partes involucradas. No obstante, el Ejecutivo sostiene que el formato presencial ofrece mayores garantías en relación a la inmediación procesal, lo que implica una interacción directa entre las partes y los jueces durante la audiencia.
Contexto del caso
El caso principal, identificado como 52-25-IN, junto con los procesos acumulados, surge de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta normativa establece reglas y procedimientos para prevenir y sancionar actos de corrupción en el sector público. La demanda cuestiona disposiciones que el Ejecutivo considera fundamentales para fortalecer los mecanismos de integridad y control interno.
Este proceso se desarrolla en un contexto institucional tenso entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Desde inicios de agosto, el presidente Noboa ha criticado decisiones del tribunal que suspendió provisionalmente disposiciones de leyes urgentes como la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. En respuesta a esto, Noboa ha impulsado una consulta popular que incluye reformas que impactarían directamente las competencias de la Corte.
Convocatoria a marcha
La controversia se ha intensificado tras la convocatoria del Gobierno a una marcha hacia la sede de la Corte Constitucional el 12 de agosto de 2025. Esta marcha recibió el respaldo de autoridades de la Asamblea Nacional y estuvo acompañada por un despliegue militar. Organismos internacionales han advertido sobre el riesgo que estas acciones representan para la independencia judicial.
El 14 de agosto de 2025, Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU para la independencia judicial, escribió en X: “Cuando un jefe de Estado convoca públicamente y participa en marchas contra un tribunal y sus jueces porque no está de acuerdo con sus decisiones, corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los propios jueces”. Hasta el momento, no se ha confirmado una respuesta oficial por parte de la alta corte.
