La senadora Centa Rek ha exigido la aprobación urgente del proyecto de modificación de la Ley 1102 del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el cual se encuentra actualmente estancado en la Cámara de Diputados.
Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en La Guardia, junto a directivos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y otras instituciones del sector agropecuario, Rek subrayó la necesidad de implementar sanciones más severas para combatir el abigeato. Este delito, que implica el robo de ganado, ha causado pérdidas significativas en el sector ganadero.
Urgencia en la legislación
La senadora recordó que la actual legislatura finalizará en noviembre de 2025, lo que brinda tiempo suficiente para acelerar la aprobación de esta normativa. “Si no es en esta legislatura, que sea en la próxima; en esta legislatura todavía tenemos tiempo, porque se sesiona hasta noviembre; no hay por qué postergarla”, afirmó.
Rek también destacó que debería existir presión por parte de las autoridades judiciales para contar con un marco legal que proteja al productor y permita aplicar sanciones adecuadas.
Denuncias de los ganaderos
La senadora por Santa Cruz participó esta mañana junto a representantes de Fegasacruz y otras instituciones agropecuarias que han sido afectadas por el abigeato. Estos denunciaron una serie de ilícitos perpetrados por bandas especializadas en este delito. Al ser consultada sobre cuál debería ser la sanción para el abigeato, Rek indicó que se debería imponer un castigo de 8 años, tal como han propuesto los ganaderos y autoridades del gobierno.
Las redes de abigeatistas han estado operando en Santa Cruz durante muchos años, amparadas en normas laxas, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias a los ganaderos. “Estoy haciendo pedidos de informes escritos sobre este y otros casos, para entender cómo se trata el delito de abigeato y cómo los delincuentes y estos clanes quedan liberados sin ningún tipo de sentencia”, detalló Rek.
Responsabilidad de las autoridades
Además, solicitó respuestas a las autoridades pertinentes sobre las sanciones que se han impuesto hasta ahora, con el fin de establecer un precedente y exigir que se aborde adecuadamente la ley con sanciones más severas.
El impacto del abigeato ha sido significativo para los productores ganaderos, quienes observan con impotencia cómo son afectados por este delito. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de actuar ante esta situación para garantizar una respuesta efectiva frente a los delitos relacionados con el abigeato.
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