El juez Jorge Chávez Tamariz ha decidido imponer prisión preventiva por cinco meses al expresidente de Perú, Martín Vizcarra. Esta medida fue dictada durante una audiencia pública realizada el 13 de agosto de 2025. La razón detrás de esta decisión es evitar que el exmandatario evada una posible condena por cohecho pasivo propio, relacionado con supuestos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
Detalles de los sobornos
Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez expuso que los sobornos ascendieron a 2,3 millones de soles (611.000 dólares) y provienen de las empresas que fueron adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. El juez argumentó que hay un peligro procesal y de fuga, señalando que Vizcarra carece de arraigo laboral y familiar, dado que su esposa Maribel Díaz y su hijo menor residen en otra ciudad.
El magistrado también destacó que existen elementos de convicción que justifican la prisión preventiva, basándose en el nivel de sospecha grave y el peligro procesal razonable. Antes de que se conociera esta resolución, Vizcarra expresó ante el juez que aún confía en el Poder Judicial, a pesar de lo que él considera un “vía crucis” injusto al que está siendo sometido.
Defensa del expresidente
El exmandatario defendió su situación, afirmando que su arraigo laboral es “pleno”. Aseguró que ha realizado seis viajes a nivel nacional en los últimos meses para cumplir con los objetivos de sus contratos de trabajo y con el partido político Perú Primero, que fundó con miras a las elecciones generales de 2026. Sin embargo, Vizcarra enfrenta tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso.
El juez aclaró que su decisión de prisión preventiva no implica una determinación de culpabilidad en relación con el delito de cohecho. La medida es una forma de coerción para garantizar que el acusado se someta a un proceso penal, en el cual se solicita una pena de 15 años de cárcel.
Argumentos del fiscal
Durante la audiencia, el fiscal Juárez enfatizó la gravedad del delito que se le imputa a Vizcarra y la pena que se solicita en la acusación. También criticó que el expresidente alegue tener arraigo laboral basándose en un contrato con una empresa que es dirigida por su esposa. Juárez argumentó que existe un “proselitismo político” por parte de Vizcarra, quien se presenta como candidato para las elecciones de 2026, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso para ocupar un cargo público.
Apelación de la defensa
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, ha apelado la medida de prisión preventiva. Afirmó que su cliente no se encontraba en Lima en la fecha en que la Fiscalía sostiene que tuvo un encuentro con representantes de la empresa Iccgsa para recibir uno de los pagos ilícitos en 2016.
El fiscal Juárez indicó que Vizcarra supuestamente solicitó una comisión del 2% del contrato para la obra Lomas de Ilo en 2013. Este acuerdo se tradujo en dos pagos que fueron registrados como préstamos en los libros contables de Obrainsa. Juárez afirmó que exejecutivos de la empresa han corroborado estos pagos a través de un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía.
Condiciones de adjudicación
Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que Vizcarra condicionó la adjudicación del Hospital de Moquegua al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares). La última entrega de este soborno se habría realizado en 2016, cuando Vizcarra ya ocupaba los cargos de ministro y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
