El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, reafirmó su compromiso de mantener una vigilia “hasta las últimas consecuencias” para evitar la aprobación de los contratos de explotación de litio. Según Pérez, estos contratos benefician a intereses privados en lugar de al pueblo boliviano, especialmente a la población de Potosí.
“Tenemos órdenes claras del pueblo potosino y las vamos a cumplir. No vamos a permitir que se negocie el litio en beneficio de unos cuantos, mucho menos de autoridades y sus allegados”, afirmó Pérez. El dirigente criticó los acuerdos que el Gobierno ha impulsado con empresas transnacionales, describiéndolos como negociaciones “a puertas cerradas” y de último momento, justo antes de que finalice la actual gestión.
Demandas de sesiones legislativas
Pérez recordó que en febrero se emitió una resolución que solicitaba que las sesiones legislativas sobre el litio se llevaran a cabo en Potosí. Sin embargo, esta propuesta fue ignorada. “Les damos las garantías para sesionar, sea en la Fiscalía, en la Policía o en el Comité Cívico, pero no bajo órdenes de entregar y liquidar este recurso a empresas extranjeras”, expresó.
Amedrentamiento policial
El dirigente denunció que en los últimos días se han registrado intentos de amedrentamiento por parte de efectivos policiales, quienes intentaron desalojar a los movilizados, pero sin éxito. “Estamos en estado de emergencia. El litio es de Bolivia, no de la familia de Arce”, sostuvo Pérez, acusando al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar beneficios particulares en detrimento de la población.
Explotación en beneficio nacional
Pérez insistió en que el recurso debe ser explotado en beneficio de toda la nación. Además, advirtió que la vigilia continuará hasta que se archive el tratamiento legislativo de los contratos con las empresas extranjeras.
