La activista Martha Lía Grajales fue detenida el 8 de agosto de 2025 en Caracas tras participar en una manifestación. Esta situación ha llevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a exigir su liberación inmediata y a solicitar transparencia sobre su estado y ubicación. Este hecho ocurre en un contexto de creciente presión sobre los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Exigencias de la ONU
Volker Turk ha destacado la urgencia de que tanto la familia como el abogado de la activista reciban información precisa sobre su estado y ubicación. El pronunciamiento del Alto Comisionado enfatiza que las autoridades venezolanas deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la defensora, especialmente el acceso a su entorno familiar y legal.
La exigencia de Volker Turk no solo reclama la liberación de la activista, sino que también subraya la importancia de que las autoridades informen de manera inmediata y completa sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas. En palabras del Alto Comisionado, “su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero”.
Contexto de la situación
El llamado de la ONU se suma a las voces que, tanto dentro como fuera de Venezuela, demandan garantías procesales y el respeto a los derechos humanos de quienes defienden libertades fundamentales. La situación de Martha Lía Grajales se ha convertido en un símbolo de las dificultades que enfrentan los defensores en el país.
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto ocurrió tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. En este hecho, un grupo de madres, niños, activistas y defensores participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.
Agresiones durante la vigilia
De acuerdo con el CLIPP, “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. Los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.
El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ. La directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Protestas y represión
La vigilia contó con alrededor de 50 familiares de detenidos tras las elecciones de julio de 2024, en su mayoría madres, quienes reclamaban la libertad al cumplirse un año desde sus detenciones. Las protestas se intensificaron luego de la reelección del dictador Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por sectores opositores. Las manifestaciones posteriores dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Las personas arrestadas enfrentan cargos como “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden conllevar penas entre 10 y 30 años. La organización Foro Penal indicó que aún permanecen 807 personas privadas de libertad por razones políticas. El régimen y la Fiscalía insisten en que los detenidos enfrentan causas por diversos delitos y no por motivaciones políticas.
