El candidato a la presidencia por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó su propuesta de segundo decreto titulado “Se acabó el secreto”. Este decreto tiene como objetivo establecer la transparencia en los contratos y acuerdos del Estado. El anuncio se realizó en un evento de campaña en el contexto de las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de 2025.
El primer artículo del decreto establece que “se garantiza la total transparencia de todos los contratos, acuerdos y convenios que celebre el Estado con otros Estados, empresas transnacionales y nacionales, así como con organismos internacionales y sus agencias”. Además, se indica que toda la información que respalde, explique y constituya dichos contratos, acuerdos y convenios será publicada por las autoridades competentes.
Los funcionarios que no cumplan con esta disposición serán procesados por desacato a la autoridad y otros delitos asociados. Doria Medina enfatizó la importancia de la transparencia en la información y los datos estatales. “Bajo el MAS, los parlamentarios de oposición e incluso oficialistas han sido inducidos a votar en uno u otro sentido mediante la maniobra de suprimir la información que necesitaban”, explicó.
Críticas al gobierno actual
El candidato también mencionó que “los contratos de litio han sido considerados por el gobierno del presidente Luis Arce como ‘secreto de Estado’ para poder imponerlos sin consultar a las regiones productoras”. Además, Doria Medina hizo referencia al caso del Banco Central de Bolivia (BCB), que ha complicado la crisis financiera actual al silenciar la información sobre las reservas internacionales.
Asimismo, criticó a YPFB, que se ha negado sistemáticamente a entregar información oportuna sobre las reservas de gas. “Esto impidió que el pueblo boliviano tomara conciencia a tiempo de la gravedad de la crisis energética que estaba por afectar al país y que nos iba a conducir a la actual crisis económica”, afirmó Doria Medina.
Contenido del decreto
Por estas razones, concluyó Doria Medina, “la transparencia resulta fundamental no solo para la democracia, sino también para el funcionamiento correcto de los mercados”. El decreto propuesto anularía y dejaría sin efecto el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado por el anterior gobierno de Bolivia con el Estado de Irán.
Además, instruye al Banco Central y a YPFB a publicar sin demora la información sobre la economía y la industria del gas. También se requiere a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que vuelva a publicar los nombres de los accionistas detrás de las llamadas “sociedades controladoras de los bancos”.
Rendición de cuentas
El decreto transforma las actuales rendiciones de cuentas en espacios de debate sobre problemas y desafíos institucionales. Además, “autoriza el acceso pleno de todos los periodistas y medios de comunicación a la información generada cotidianamente por el Poder Ejecutivo”. Se establecerán mecanismos para evitar contravenciones a esta decisión.
Se obliga al Instituto Nacional de Estadísticas a abrir sus bases de datos a los ciudadanos. También se exige que todos los responsables del Poder Ejecutivo institucionalicen las instituciones de análisis y diagnóstico bajo el precepto del “uso público” de la información pública.
Acceso a la información judicial
El decreto también exhorta al Poder Judicial a facilitar el acceso público a los procesos judiciales. Finalmente, asegura que el presidente dará una conferencia semanal con preguntas abiertas a los medios.
Esta segunda propuesta de decreto se presenta como un antídoto ante lo que Doria Medina describe como “20 años de sucesivos gobiernos del MAS”, quienes han considerado las instituciones gubernamentales como propiedad privada.
