En su segundo boletín informativo titulado “El Radar: Miradas que Transforman”, la Defensoría del Pueblo, a través del Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, ha identificado al menos 12 hechos de intolerancia, discriminación y discursos que incitan a la violencia. Estos eventos ocurrieron entre el 23 de mayo y el 31 de julio de 2025, en el contexto del actual proceso electoral.
Según el informe, los incidentes fueron protagonizados por actores políticos, autoridades públicas y ciudadanos. Los hechos incluyen desde la quema de banderas en actos proselitistas hasta agresiones a candidatos durante sus proclamaciones. También se registraron ataques contra casas de campaña, lo que refleja un clima de tensión en el ambiente electoral.
Polarización y discursos despectivos
El documento señala expresiones que fomentan la polarización. Un ejemplo es el uso del término “K’ara” de manera despectiva por un candidato presidencial al referirse al presidente Luis Arce en un acto público. Además, se cuestiona lo expresado por una autoridad municipal del Beni, quien, en un evento en Trinidad, afirmó que si su partido ganaba, “ningún colla de mierda” se “adueñaría” de las instituciones regionales.
Llamados a la violencia
El observatorio también reporta llamados explícitos a la violencia. Esto ocurrió en un acto político en el Trópico de Cochabamba, donde se convocó a realizar acciones contra el proceso electoral en curso. Este tipo de discursos generan un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos.
Discriminación hacia candidatas
Se documentaron expresiones discriminatorias y estigmatizantes hacia las candidatas mujeres, especialmente en redes sociales. Se cuestiona su capacidad, origen o color de piel. Un caso concreto es el de una historiadora que, en un espacio radial, afirmó: “El partido de Eva Copa se llama Morena, pero ella se blanquea”. Este tipo de comentarios contribuyen a la deslegitimación de las mujeres en la política.
Agresiones simbólicas
Fuera del contexto electoral, la Defensoría identificó otros hechos preocupantes. Uno de ellos es la agresión simbólica a la wiphala en Llallagua. También se registró la negativa a que este emblema sea portado durante un desfile cívico en el municipio de San Ignacio de Velasco. Esto refleja, según la institución, una confusión persistente entre símbolo patrio e insignia partidaria, así como una forma latente de discriminación.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el impacto que tienen en la polarización social y el clima electoral. La institución reiteró su llamado a los actores políticos a participar en este proceso con respeto. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a fomentar una convivencia democrática basada en la paz y los derechos humanos.
