Cuatro exfuncionarios del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) han sido formalmente acusados por la Fiscalía. Esta acción se produjo tras su implicación en la sustracción de una suma considerable de dinero durante un operativo que se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2024.
La intervención tuvo lugar en una casa de cambios situada en la zona de San Miguel, en La Paz. El procedimiento se activó después de que el propietario del establecimiento denunciara haber sido víctima de un asalto armado perpetrado por ciudadanos colombianos.
Cargos contra los acusados
El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, explicó que los exefectivos Juan B.V.P., David D.G.T., Claudio I.S.O. y Julio C.V.O. enfrentan cargos por cohecho pasivo propio y concusión. Para respaldar la acusación, el Ministerio Público ha presentado 58 pruebas, que incluyen informes y testimonios.
Pruebas clave en el caso
Uno de los documentos más importantes fue emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que respalda los movimientos económicos de la casa de cambios. Además, cuatro testigos han declarado en contra de los acusados, y la víctima logró identificarlos durante un desfile.
Relato del denunciante
Según el relato del denunciante, después del asalto fue llevado a dependencias policiales, donde se le obligó a declarar en siete ocasiones sin la presencia de su abogada. Durante este proceso, fue presionado para afirmar que se trataba de un autorrobo.
Posteriormente, fue llevado nuevamente a su negocio para una requisa. Aunque inicialmente participaron varios efectivos, al final solo quedaron los cuatro acusados, quienes le solicitaron apagar las cámaras de seguridad bajo el argumento de que lo “ayudarían”.
Exigencias de los acusados
La denuncia indica que en ese momento exigieron 30.000 dólares y advirtieron que llegaría personal de laboratorio para secuestrar el dinero. También le indicaron que guardara el resto del efectivo para entregarlo a su esposa.
El denunciante explicó que colocó 600.000 bolivianos y 53.000 dólares en tres mochilas, las cuales entregó a los policías. Sin embargo, los acusados han negado haber recibido ese dinero. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión.
LDVY
