El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido anular el juicio contra Leopoldo Fernández, relacionado con los hechos de violencia que ocurrieron en Porvenir, Pando, en 2008. En este trágico evento, se registraron más de 10 decesos durante un enfrentamiento entre campesinos que apoyaban al Movimiento Al Socialismo (MAS) y los partidarios del exprefecto.
La resolución del TSJ se fundamenta en la violación del derecho al juez natural. Además, la corte ha ordenado que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un juicio de responsabilidades.
Carlos Ortega, magistrado del TSJ, declaró: “Se dispuso la nulidad de todo el proceso, ordenando se remitan antecedentes ante el Ministerio Público para que se inicie el trámite de juicio de responsabilidades”.
Reclamación de Fernández
Ortega también mencionó que el tribunal tuvo conocimiento de un memorial presentado por Fernández, en el que solicitaba la aplicación de las garantías que establece la Constitución, especialmente en lo que concierne al juez natural.
Después de un análisis realizado por la Sala Penal Tercera del TSJ, se decidió dar curso al recurso. Ortega explicó: “Analizando el contexto histórico del debido proceso en su componente del juez natural, analizando la justicia interamericana sobre la materia y la Sentencia Constitucional 405/2023, y advirtiendo que existen hechos fácticos similares, aplicamos el principio de igualdad y concluimos que se vulneró la garantía del juez natural”.

Los hechos de 2008
Los incidentes que llevaron al juicio de Fernández ocurrieron la noche del 11 de septiembre de 2008. En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre campesinos y los seguidores de Fernández, resultando en al menos 15 fallecidos de ambos lados.
Durante el juicio, Fernández afirmó que había solicitado a las autoridades policiales y militares que intervinieran para prevenir enfrentamientos. Además, mencionó que se había cavado una zanja con el mismo propósito; sin embargo, a pesar de estas medidas, el enfrentamiento se produjo y se registraron los decesos.
Investigación de Human Rights Watch
Ese mismo año, Human Rights Watch solicitó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de los hechos. Mientras Fernández sostenía que había buscado ayuda, el Gobierno afirmaba que todo había sido planificado de antemano.