La senadora Centa Rek ha denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos la detención arbitraria de Juan Carlos Villafuerte, un generador de contenido económico. Esta aprehensión ocurrió el 29 de julio en Santa Cruz de la Sierra, y se alega que fue por publicar análisis y opiniones sobre temas financieros en redes sociales. Si bien el creador de contenido ya fue liberado, Rek considera importante no dejar pasar este hecho, pues refleja una preocupante escalada autoritaria del gobierno boliviano.
En una carta formal, la senadora envió su denuncia a entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), la OEA, la Unión Europea y Human Rights Watch. En esta misiva, acusa al Estado boliviano de utilizar al Órgano Judicial y al Ministerio Público como herramientas para silenciar disidencias y restringir la libertad de expresión.
Contenido legítimo y represión
Rek sostiene que los contenidos que Villafuerte ha difundido en plataformas digitales no contienen falsedades ni desinformación. Por el contrario, son interpretaciones legítimas de la situación económica del país, compartidas por numerosos ciudadanos y expertos. “Pretender que una persona particular desestabilice el sistema financiero por replicar o analizar esa realidad constituye un acto de represión incompatible con toda democracia constitucional”, advirtió la senadora.
Intervención de la ASFI
La senadora enfatizó que la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) contra Villafuerte carece de sustento técnico. Además, representa un uso arbitrario de figuras penales ambiguas. Citó el artículo 363 quater del Código Penal y el 491 de la Ley de Servicios Financieros, que se han utilizado para imputarlo, como instrumentos de criminalización improcedente de la opinión.
Villafuerte fue aprehendido sin orden judicial ni citación previa, por personas no identificadas en vehículos sin placas. Rek calificó esta acción como “una forma de secuestro estatal”. La denuncia también destaca que el intento de trasladar al tiktoker a la ciudad de La Paz viola principios constitucionales, como el juez natural y el arraigo territorial.
Patrón de persecución judicial
Según la legisladora, este caso se enmarca en un patrón más amplio de persecución judicial selectiva. Mientras se procesan con rapidez denuncias promovidas por el oficialismo, otras de mayor gravedad, como las que involucran al expresidente Evo Morales, permanecen impunes. “La justicia boliviana ha dejado de ser independiente y actúa como brazo del poder político”, sostiene la misiva enviada a la CIDH.
Situación de Villafuerte
Aunque Villafuerte fue liberado, el proceso penal en su contra sigue abierto. Para Rek, este hecho evidencia una normalización alarmante de la represión contra el pensamiento crítico. La senadora solicitó a los organismos internacionales una intervención directa para verificar la situación del Estado de Derecho en Bolivia. También pidió la apertura de una investigación independiente sobre el uso del sistema judicial con fines persecutorios.
Condena a la criminalización
Finalmente, la senadora pidió una condena pública contra la criminalización de la opinión en temas económicos. Alertó que el silencio de la comunidad internacional frente a estos hechos contribuiría a la profundización de la regresión autoritaria en el país.
