El presidente Donald Trump firmó el 30 de julio de 2025 una orden ejecutiva que establece aranceles del 50% a Brasil. Esta medida es una respuesta a lo que Trump considera una emergencia económica relacionada con las políticas del gobierno brasileño y el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro. La orden busca abordar acciones que afectan los derechos humanos y la libertad de expresión en el país sudamericano.
Detalles de la orden ejecutiva
La nueva orden entrará en vigor en siete días y excluye algunas exportaciones clave. Trump había amenazado con imponer estos aranceles el 9 de julio de 2025 en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La base legal de esta amenaza se fundamenta en una orden ejecutiva anterior que se basa en los desequilibrios comerciales entre ambos países.
Según la Oficina del Censo, Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 6.800 millones de dólares con Brasil el año pasado. La orden ejecutiva afirma que las autoridades brasileñas han llevado a cabo una persecución política y han implementado una serie de medidas que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión.
Enjuiciamiento de Bolsonaro
El enfoque principal de la orden se centra en el caso del expresidente Jair Bolsonaro y miles de sus simpatizantes. El documento acusa directamente a miembros del gobierno brasileño, en particular al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de utilizar su posición para intimidar, censurar y enjuiciar a opositores, incluyendo ciudadanos y residentes estadounidenses.
La administración de Trump señala que desde 2019, de Moraes ha emitido cientos de órdenes para censurar a críticos políticos. También ha impuesto multas y ha amenazado con excluir a empresas estadounidenses del mercado brasileño. En al menos un caso, se congelaron los activos de una compañía estadounidense en Brasil.
Impacto en empresas estadounidenses
Además, se denuncia el uso de procesos penales contra estadounidenses y residentes en Estados Unidos, como Paulo Figueiredo, por declaraciones realizadas fuera del país sudamericano. El gobierno estadounidense argumenta que estas acciones perjudican directamente a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, que se han visto presionadas para modificar sus políticas de contenido y entregar datos sensibles de usuarios estadounidenses.
De acuerdo con la Casa Blanca, las prácticas del gobierno de Brasil comprometen tanto las operaciones comerciales como la política de Washington sobre la defensa de elecciones libres y derechos fundamentales.
Revocación de visados
Como parte de su respuesta, la administración Trump anunció la revocación de visados estadounidenses a De Moraes, a otros jueces de la Corte Suprema y a sus familiares inmediatos. Esta medida sigue la directiva “America First Policy”, que establece que la política exterior debe priorizar los intereses y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
El 28 de mayo de 2025, el secretario de Estado Rubio implementó restricciones para individuos extranjeros implicados en censurar la libertad de expresión protegida por la ley estadounidense. La Casa Blanca conecta estas decisiones recientes con la estrategia de apoyo a las empresas estadounidenses y la defensa de los derechos a la libre expresión como elementos centrales de su política internacional.
Aumento de tensiones comerciales
El uso de aranceles ha sido una herramienta previa para responder a amenazas externas. Las nuevas tarifas buscan proteger la soberanía, economía y principios democráticos de Estados Unidos. Estas medidas aumentan la presión comercial y diplomática entre Estados Unidos y Brasil en un contexto donde crecen las tensiones sobre el uso de censura, control sobre redes digitales y derechos civiles y políticos.
