La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María Elena Reque, informó este lunes 28 de julio que una comisión especial de la Cámara de Diputados ha solicitado al exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez, que presente un informe detallado sobre los contratos firmados con la empresa Pan American Energy (PAE). Esta empresa está vinculada al empresario argentino Marcos Bulgheroni.
La legisladora explicó que esta solicitud forma parte de una investigación en curso sobre el proceso de conciliación entre el Estado boliviano y Pan American Energy, que se produjo tras la nacionalización de la petrolera Chaco S.A. en 2009.
El acuerdo resultó en el pago de 357 millones de dólares al grupo empresarial de Bulgheroni. Esta cifra ha sido cuestionada por diversos sectores políticos debido a la falta de transparencia en los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que la sustentan.
Cuestionamientos a la visita de Bulgheroni
Reque también expresó su preocupación por la ausencia de registros migratorios relacionados con la reciente visita de Bulgheroni al país. Aseguró que el empresario aparentemente ingresó en una aeronave privada a la ciudad de Santa Cruz en julio, sin que su llegada esté documentada en los sistemas nacionales.
Explicaciones requeridas al exprocurador
La diputada subrayó que el exprocurador Chávez debe aclarar los términos en los que se firmaron los contratos con Pan American Energy. Además, debe proporcionar la documentación que respalde los acuerdos alcanzados con esta empresa.
Reque señaló que la falta de registros en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y la ausencia de un informe público de la Contraloría dificultan un control social efectivo sobre estos contratos.
Comisión parlamentaria y reuniones
La comisión parlamentaria fue conformada la semana anterior. Esta investigación surge tras denuncias que indican que Bulgheroni se reunió con candidatos presidenciales, entre ellos Samuel Doria Medina, para supuestamente negociar anticipadamente la explotación del litio.
En 2010, el grupo Bulgheroni presentó una demanda internacional contra el Estado boliviano debido a la nacionalización de sus activos en la petrolera Chaco. En 2012, ambas partes llegaron a una conciliación que culminó con el pago millonario en 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los detalles de dicha conciliación.
