El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informó este jueves 10 de julio de 2025 que, hasta junio de este año, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni (GADB) ha ejecutado el 31,9% de su Plan Operativo Anual (POA). Esto ha ocurrido a pesar de que ha recibido más recursos a través de transferencias, las cuales se realizan de manera automática a sus cuentas.
Según un reporte de esta cartera de Estado, en el contexto del paro de 24 horas convocado por entidades cívicas para este jueves, la Gobernación emitió un comunicado en el que volvió a responsabilizar al nivel central por el “incumplimiento de transferencias suficientes y oportunas”.
En respuesta a estas críticas, el Gobierno recordó que las transferencias se llevan a cabo de forma automática y están determinadas por la recaudación efectiva, tal como lo establece la normativa vigente.
Normativa sobre transferencias
Por lo tanto, se aclaró que no corresponde solicitar al ministerio que instruya el desembolso de recursos programados en el POA, ya que estos montos son referenciales. Solicitarlo evidencia una falta de conocimiento de la norma por parte de los servidores públicos de la Gobernación de Beni.
“Los recursos programados en el Presupuesto General del Estado (PGE) son estimativos y no constituyen montos garantizados”, enfatizó Romer Bello, jefe de la Unidad de Entidades Territoriales del Ministerio de Economía.
Caída de ingresos propios
Además, el ministerio observó la caída sostenida de los ingresos propios de la Gobernación. Según Bello, en 2019, el ente departamental recaudó 114 millones de bolivianos por regalías mineras, mientras que en 2024 solo alcanzó 26 millones de bolivianos.
“La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se ha disminuido la recaudación de regalías mineras? Tenemos que ser autocríticos y ver qué ha sucedido. Si se hubiese mantenido, tendríamos aquí 100 millones cada año por regalías mineras que, de alguna forma, compensarían la disminución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, cuestionó Bello.
Responsabilidad de los gobiernos autónomos
Advirtió que la Ley 535 de Minería establece que la recaudación, fiscalización y administración de estos recursos son responsabilidad directa de los gobiernos autónomos departamentales. Por lo tanto, instó a ese gobierno subnacional a revisar su gestión tributaria.
El Gobierno nacional asegura que apoya al departamento a través de la asignación de recursos para cubrir gastos en salud. En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya transfirió 14 millones de bolivianos desde enero hasta la fecha.
Asignaciones para proyectos de inversión
Asimismo, Bello recordó que en 2022, el Gobierno nacional, en el marco de la Ley 1462 de 9 de septiembre de 2022, asignó más de 100 millones de bolivianos al departamento, exclusivamente para proyectos de inversión. Esto se hizo con el fin de liberar recursos locales que pudieran destinarse a sectores sensibles como salud y educación.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consideró que, antes de asumir medidas que perjudiquen a la población, las autoridades deben realizar un análisis, verificación y conciliación de sus ingresos para priorizar su distribución.
“Esta cartera de Estado tiene toda la predisposición para coadyuvar a la gestión de la Gobernación de Beni”, enfatizó.
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