Después de más de diez años del escándalo del caso Fondo Indígena, la Fiscalía ha presentado la acusación formal, a la espera del inicio del juicio. Entre los involucrados se encuentran Nemesia Achacollo, exministra del Gobierno de Evo Morales, y otras 14 personas.
Detalles de la acusación
La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal de La Paz. “Estamos a la espera para que la autoridad de sentencia penal pueda convocarnos a audiencia de juicio oral público y contradictorio”, dijo el fiscal René Portales, citado por Erbol.
En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado (CGE) denunció que 153 proyectos del Fondo Indígena no habían sido concluidos, a pesar de haber recibido financiamiento. Este caso ha generado gran polémica, ya que se implicó a dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes habrían recibido depósitos en sus cuentas, pero no cumplieron con las obras para sus regiones.
Proyectos denunciados
“Son 153 proyectos que se denunciaron por haber desembolsado montos de dinero y así mismo denotar un incumplimiento y falta de ejecución de los mismos (proyectos); por esta razón, se ha ejecutado la denuncia contra varias altas autoridades”, explicó el fiscal.
El expresidente del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, fue el primer denunciante. Sin embargo, fue sometido a una investigación bajo detención preventiva y murió en abril de 2022, luego de permanecer 7 años en prisión, a pesar de que él fue quien, en su calidad de director de la entidad, denunció la corrupción.
Acusaciones contra Achacollo
“Se ha emitido esta resolución para 15 ciudadanos, de los cuales cursa la señora Nemesia Achacollo; son máximas autoridades y ejecutivas de ese entonces del Ministerio de Desarrollo Rural, Fondo de Desarrollo Indígena y otros dirigentes procesados”, explicó el fiscal.
En cuanto a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “En cuanto a la pena, para algunos sindicados va variando desde 4 a 8 años de cárcel”.
Impacto económico del caso
El daño económico varía, ya que se han desembolsado sumas de dinero que oscilan entre 200,000 bolivianos hasta 500,000 bolivianos en los diferentes proyectos observados.
