Una reciente denuncia presentada por dos jóvenes ha revelado supuestos casos de explotación laboral y malos tratos en una mina ubicada en Chuquichambi, Pumiri, en el sector de La Joya, departamento de Oruro. Esta situación ha llevado a la detención preventiva de dos individuos, quienes han sido imputados por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Las autoridades no descartan la posibilidad de que existan más víctimas en esta situación.
Paralelamente, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre un presunto caso de violación a una mujer que afirmó haber sido víctima de agresión sexual en el campamento minero.
Trabajos forzados en la mina
Un joven, que fue reportado como desaparecido por sus familiares ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), relató a LA PATRIA su experiencia de trabajos forzados, malos tratos, mala alimentación y el comportamiento de sus empleadores.
La víctima, quien solicitó mantener su identidad en reserva, explicó que hace algunas semanas, cuando intentó dejar su trabajo, comenzaron los problemas. Según su relato, al regresar al campamento para descansar, uno de los encargados lo acusó de haber robado una perforadora de la marca Bosch. Al día siguiente, el encargado se presentó con un ingeniero y un policía de la zona, exigiéndole que revelara el paradero de la maquinaria.
El joven también mencionó que el uniformado lo amenazó con usar tácticas de tortura, a pesar de que Bolivia es parte del Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. “Me dijo que me iba a pasar corriente, que tenía métodos de cómo hacerme hablar y si no, me iba a meter un balazo y que me iba a botar por ahí”, relató.
Ante estas amenazas, el joven optó por seguir trabajando para poder cancelar el costo de la maquinaria. Después de varios días de trabajo, logró reunir el monto necesario, pero luego se perdió otro aparato.
“Sospecho que es el mismo (empleador) el que sustrae las máquinas y las oculta en el campamento”, afirmó.
Además, aseguró que durante todo ese tiempo sufrió malos tratos, largas jornadas laborales y escasez de alimentos. Tenían que lavar platos, buscar leña para cocinar, ya que no contaban con luz ni gas, y las linternas que tenían estaban con baja batería.
El joven también cuestionó la legalidad de la empresa, argumentando que la carga debería salir a nombre de Chuquichambi, pero se exporta a nombre de Chacarilla de La Paz.
Respuesta de la empresa
Por su parte, el jefe de operaciones de la empresa, identificado con las iniciales J.O., negó todas las acusaciones y detalló que el joven admitió haber sustraído la maquinaria y pidió pagarla con trabajo tras haber consumido bebidas alcohólicas.
El jefe de operaciones aseguró que no existe explotación laboral y que a todos los trabajadores se les proporcionaron las comodidades necesarias para trabajar. “A él se le asignó un jornal de 180 bolivianos por día y nosotros cubríamos el campamento, desayuno, almuerzo y cena e incluso la logística”, afirmó.
Además, indicó que inicialmente tenían un contrato verbal y posteriormente se formalizó un contrato físico, negando cualquier acusación de explotación laboral. También precisó que la empresa minera está legalmente constituida bajo el nombre de Esmeralda.
Investigación en curso
Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas inició las investigaciones junto a uniformados especializados en trata y tráfico de La Paz y Oruro. Se logró identificar a los dos implicados como los captadores de jóvenes para trabajos en la mina, donde presuntamente eran explotados laboralmente.
Jhon Montaño, fiscal a cargo de la investigación, explicó que los jóvenes de entre 19 y 20 años eran captados a través de Facebook para realizar trabajos forzosos en la mina.
“El modus operandi de estos ciudadanos era captar a adolescentes para luego trasladarlos a la mina y realizar trabajos forzados; sin embargo, no les cancelaban lo que en primera instancia prometían”, señaló Montaño.
Además de las dos víctimas, se prevé tomar la declaración de otros dos trabajadores que se cree fueron víctimas del mismo modus operandi.
Denuncia de violación
El despliegue de la investigación permitió identificar que una mujer que trabajaba en el campamento fue agredida sexualmente por un individuo. Por lo tanto, se inició una causa por violación, además de la investigación por trata.
Audiencia judicial
Tras los presuntos indicios en contra de los dos implicados, un juez cautelar dispuso la detención preventiva de ambos por 60 días en el penal de San Pedro.
