El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó el jueves 26 de junio de 2025 su desacuerdo con la decisión de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, que ha admitido una acción de cumplimiento. Esta acción busca inhabilitar a los postulantes que actualmente ocupan funciones públicas. El TSE argumenta que esta medida atenta contra la preclusión y el pluralismo político. Esta postura fue comunicada a través de un pronunciamiento institucional.
Detalles de la acción de cumplimiento
El recurso presentado sostiene que aquellos que no hayan renunciado a su cargo al menos tres meses antes de las elecciones no podrán postularse. Esta afirmación se basa en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Si esta medida es aceptada, candidaturas importantes como la del senador Andrónico Rodríguez, así como las de los alcaldes Eva Copa y Manfred Reyes Villa, se verían comprometidas, entre otras.
Sentencia Constitucional vigente
No obstante, el TSE recordó que está en vigor la Sentencia Constitucional 032/2019. Esta sentencia aclara que quienes ocupan cargos electivos no están obligados a renunciar para postular a otro puesto. Esta disposición ha sido aplicada en procesos anteriores y sigue siendo de cumplimiento obligatorio.
Advertencias del TSE
En este contexto, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, advirtió que el tribunal no permitirá alteraciones al calendario electoral ni vulneraciones al principio de preclusión.
Además, la autoridad informó que el TSE participará en la audiencia programada para este viernes 27 de junio de 2025. En este evento, se defenderán los fundamentos que respaldan la vigencia de la normativa actual.
Cuestionamiento sobre el momento
Ávila también cuestionó el momento en que se presenta este recurso, ya que se han llevado a cabo dos procesos electorales bajo el amparo de la misma sentencia. Desde su perspectiva, la presentación tardía de este tipo de acciones genera incertidumbre en un contexto donde ya existen reglas previamente definidas.
Llamado al respeto de derechos
El comunicado concluye con un llamado al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional para que respeten los compromisos asumidos en torno a los derechos políticos. Se busca garantizar el pleno ejercicio de la participación democrática para todos los actores del proceso electoral.
LDVY
