Juan del Granado, abogado y político, ha manifestado su preocupación por la manipulación que existe en la administración de Justicia en el país. Según él, es urgente realizar una reforma que elimine la atribución del parlamento en la designación de jueces y que proponga la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones.
Del Granado hizo estas declaraciones en el marco de un debate nacional sobre el sistema judicial. En su intervención, destacó la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la justicia y de revalorizar la justicia indígena originaria.
El abogado señaló que “los últimos acontecimientos, las últimas designaciones y las destituciones que se están queriendo producir dan cuenta de una mantenida injerencia del poder político-gubernamental”. En este contexto, enfatizó que su propuesta, formulada por juristas independientes en 2024, debe ser parte del debate nacional.
Propuesta de reforma judicial
Esta propuesta incluye la eliminación de la atribución parlamentaria para designar jueces y la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, la cual estaría integrada por organizaciones de la sociedad civil.
Del Granado también destacó que “menos del 0,5% del Tesoro General de la Nación está destinado a la Administración de Justicia”, lo que considera un presupuesto insuficiente. Propuso que este porcentaje se incremente al menos al 3% del Presupuesto General.
Revalorización de la justicia indígena
Asimismo, subrayó la importancia de revalorizar la justicia indígena originaria e incorporar en la Constitución Política del Estado la justicia de paz.
El abogado afirmó que “las elecciones judiciales tienen que llevarse a cabo a partir de un derecho ciudadano que está consagrado en la Constitución”. Sin embargo, también consideró que “la selección de los postulantes es lo que ha partidizado la elección judicial”.
Comisión Nacional de Postulaciones
La propuesta busca establecer una Comisión Nacional de Postulaciones que asegure que las postulaciones presentadas a votación incluyan únicamente a los abogados con méritos suficientes.
Finalmente, en relación a la posibilidad de una nueva constituyente, Del Granado comentó: “la reforma que estamos planteando supone una reforma de la Constitución Política del Estado”. Si se afectan derechos fundamentales, añadió, “la norma constitucional habla de una Asamblea Constituyente”.
