El programa “Parqueo para Todos”, que regula más de 6,000 espacios en vías públicas de La Paz, fue objeto de críticas el lunes 23 de junio de 2025 por parte de la concejal Roxana Pérez Del Castillo. La autoridad señaló que esta iniciativa se está llevando a cabo sin el apoyo del Concejo Municipal y carece de estudios técnicos que justifiquen su implementación.
La propuesta incluye 6.150 estacionamientos tarifados distribuidos en cinco zonas de la ciudad. En el Centro y Sopocachi se habilitaron 1.500 espacios en cada área, mientras que en Miraflores hay 1.300, en la Zona Sur 1.200 y en Obrajes 650. Según la concejal, la reconfiguración del uso del espacio público se realizó sin la debida socialización y en contravención de normas que requieren aprobación legislativa.
Preocupaciones de la comunidad
Vecinos y cuidadores de autos han expresado su inquietud ante la falta de información y el impacto económico que podría generar el cobro de 5 bolivianos por hora. Además, han señalado que esta medida pone en riesgo la fuente de ingresos de quienes poseen patentes municipales para ejercer esta actividad.
El sector de cuidadores ha presentado un proyecto de ley con el fin de regularizar su actividad y obtener garantías laborales y tributarias. En este contexto, la concejal solicitó que las instancias judiciales y administrativas actúen de manera independiente para detener lo que considera una privatización del espacio público.
Demandas de transparencia
Pérez Del Castillo también ha pedido al Ejecutivo municipal que proporcione total transparencia sobre las concesiones otorgadas. Esto incluye la identificación de las empresas involucradas, el tipo de contratos firmados y los beneficios concretos para la ciudadanía. En este sentido, propuso un plazo de 72 horas para suspender las concesiones y revertir el control privado sobre las calles.
Acciones legales en marcha
De manera paralela, se están preparando acciones legales que incluyen una demanda penal por incumplimiento de deberes, una acción de cumplimiento para reivindicar el rol del Concejo Municipal, auditorías al proceso y una acción de amparo constitucional para proteger los derechos colectivos.
La concejal enfatizó que el municipio debe actuar respetando la normativa y el rol deliberativo del Concejo. Subrayó que la ciudadanía no puede ser excluida de decisiones que afectan el uso de los espacios públicos y que la ciudad no debe privatizarse de forma silenciosa.
LDVY
