El Presidente del Estado, Luis Arce, ha promulgado la Ley 1633, que permite un crédito de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este financiamiento está destinado a enfrentar emergencias provocadas por desastres naturales y situaciones de salud pública.
La norma fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado y establece que el Tesoro General de la Nación será el encargado de repagar las obligaciones que se generen a partir de este crédito.
Proceso legislativo
La ley fue sancionada por la Cámara de Senadores el 18 de junio de 2025, después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de enero de 2025. El contrato de préstamo fue firmado el 27 de septiembre de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID.
De acuerdo con el contenido del contrato, los recursos se destinarán a fortalecer la capacidad del país para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones extremas. Se priorizan acciones como asistencia humanitaria, reconexión de servicios públicos, rehabilitación temprana de infraestructura crítica y otras medidas de emergencia.
Compromiso democrático
La aprobación de este financiamiento se enmarca en el compromiso asumido durante el IV Encuentro Multipartidario por la Democracia, que tuvo lugar el 12 de junio de 2025, convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Este espacio fue fundamental para desbloquear iniciativas legislativas que estaban pendientes, incluyendo esta operación crediticia.
Impacto de fenómenos climáticos
Desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, seis departamentos fueron afectados por fenómenos climáticos adversos, como heladas y granizadas. Oruro se declaró en desastre departamental, mientras que Potosí se encuentra en estado de emergencia, según los reportes disponibles.
Proyectos paralizados
A pesar de la reciente aprobación de la Ley 1633, aún permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa al menos 15 proyectos de préstamo. Estos proyectos suman un monto superior a 1.590 millones de dólares, lo que genera preocupación sobre la capacidad de respuesta del país ante futuras emergencias.
