Los países que forman parte de la Comunidad Andina (CAN) han expresado este viernes su apoyo al proceso electoral que se llevará a cabo en agosto en Bolivia. Además, han manifestado su “profunda preocupación” por los recientes eventos y actos de violencia que se están presentando en el país andino.
Declaración de la CAN
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú emitieron una declaración especial que fue difundida en Lima por la Secretaría General de la CAN. En este documento, se señala que el proceso electoral debe realizarse “en el marco del ordenamiento jurídico” boliviano y de los principios de la integración andina.
Asimismo, expresaron su “profunda preocupación” por los acontecimientos que, según indicaron, “ponen en riesgo la gobernabilidad y la celebración del proceso electoral en Bolivia”. Esto afecta la estabilidad democrática y el derecho del pueblo boliviano a elegir a sus autoridades a través del sufragio libre y soberano.
Apoyo al proceso democrático
Los países miembros de la CAN respaldaron “con firmeza” el proceso democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia. También apoyan el respeto a sus instituciones, que juegan un papel fundamental como garantes de elecciones libres, transparentes y legítimas.
En este sentido, la declaración hace un llamado a los actores políticos, sociales y al pueblo boliviano para que prioricen el “diálogo, el respeto mutuo y el uso de los mecanismos institucionales” para resolver diferencias, siempre en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.
Llamado a la comunidad internacional
La declaración también exhorta a la comunidad internacional y a los organismos regionales a “acompañar y apoyar a Bolivia en este momento clave”. Esto se hace con el objetivo de preservar las vías institucionales de diálogo, así como el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho.
Esfuerzos por la paz social
Finalmente, los países de la CAN respaldaron “los esfuerzos de Bolivia para promover el diálogo nacional”. También apoyan la necesidad de mantener la paz social, proteger los derechos humanos y asegurar el abastecimiento de productos para el bienestar de la población, todo esto en el marco de los principios democráticos y del respeto a las libertades fundamentales.
