El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado la prohibición del estado de Tennessee sobre tratamientos hormonales y quirúrgicos para menores de edad que buscan cambiar de sexo. Este fallo fue emitido el 18 de junio de 2025 y se tomó con una mayoría de 6 a 3. La decisión establece un precedente para otros estados que tienen regulaciones similares. El presidente del Tribunal, John Roberts, argumentó que la ley no infringe la cláusula de protección igualitaria del artículo 14 de la Constitución.
El fallo fue redactado por el presidente John Roberts, quien enfatizó que el papel de la Corte “no es juzgar la sabiduría, justicia o lógica” de la ley. Su función es determinar si la ley viola la cláusula de protección igualitaria del artículo 14. En contraste, la juez Sonia Sotomayor expresó en su voto particular que sus colegas habían abandonado a los “niños transgénero y a sus familias frente a caprichos políticos”.
Origen del caso
El caso se originó cuando el juez de distrito Eli Richardson suspendió la aplicación de la ley, argumentando que los tratamientos eran “seguros, efectivos y comparables en perfil de riesgo y eficacia a muchas otras formas de tratamiento pediátrico permitidas en Tennessee”. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito revirtió esta decisión, afirmando que el estado solo necesita demostrar que existe una “base racional” para dictaminar que la ley defiende un interés legítimo.
El Tribunal Supremo coincidió con esta interpretación. Para que se eleve el escrutinio, se requeriría que la ley discrimine por sexo. Sin embargo, el fallo indica que solo discrimina por edad y por cómo se utilizan los tratamientos. La norma permite que los mismos tratamientos hormonales que se utilizan para retrasar la pubertad puedan ser empleados con otros fines médicos legítimos.
Argumentos del Tribunal Supremo
Una vez decidido que debe aplicarse el estándar más bajo de escrutinio, Roberts argumentó que “Tennessee determinó que hay un debate entre expertos médicos sobre los riesgos y beneficios de administrar hormonas y bloqueadores de pubertad para tratar la disforia de género”. Además, destacó que la prohibición “responde directamente a esa incertidumbre”.
Informe del Departamento de Salud
Un informe reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos revisó la literatura médica existente sobre estos tratamientos y encontró pocas pruebas que respalden las afirmaciones sobre su efectividad en mejorar la salud mental de los menores. Este informe se suma a la creciente evidencia en Estados Unidos y Europa que refuta las afirmaciones de activistas transgénero sobre la necesidad de estos procedimientos.
Experiencias de destransicionadores
Documentos internos de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH) revelaron que eran conscientes de que los menores no pueden comprender plenamente las implicaciones de estos procedimientos irreversibles. Un número creciente de personas conocidas como “destransicionadores” ha compartido sus experiencias sobre cómo fueron apresurados a someterse a procedimientos transgénero durante problemas de salud mental en su adolescencia.
Algunos destransicionadores han presentado demandas contra profesionales médicos e instituciones por permitirles someterse a estos tratamientos sin obtener un consentimiento informado.
Opinión de la juez Barrett
La juez Amy Coney-Barrett, en su voto particular favorable a la sentencia, reconoció la existencia de destransicionadores. Señaló la falta de una definición clara sobre lo que es una persona transgénero. Barrett sugirió que esta variación en identidad distingue a las personas transgénero de características inmutables como raza o sexo.
