La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha comenzado acciones legales después de identificar una zona de explotación ilegal de recursos minerales en el área conocida como “Valle Azul”. Esta área se localiza entre los municipios de San Javier y Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. La detección se realizó durante una inspección que tuvo lugar del 14 al 17 de junio en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Monte Verde y Guarayos.
La actividad ilegal fue hallada en un área que estaba en proceso de obtener una Licencia de Prospección y Exploración. Por lo tanto, no posee el derecho minero que permita llevar a cabo dicha actividad. En respuesta, el personal de la AJAM comenzará las acciones penales correspondientes, de acuerdo con la normativa legal vigente, contra esta actividad minera ilegal que fue descubierta.
Inspecciones continuas
La AJAM ha anunciado que seguirá realizando inspecciones en todo el territorio nacional para identificar zonas donde se estén llevando a cabo actividades mineras sin la autorización legal necesaria. Este tipo de acciones se considera un delito que está sancionado por el Código Penal boliviano. Durante la reciente inspección, el equipo técnico de la AJAM identificó un punto específico de explotación ilegal de recursos minerales en el área denominada Valle Azul.
Normativa legal vigente
“Esta área se encontraba en trámite de licencia de Prospección y Exploración, por tanto, no cuenta con derecho minero que autorice la realización de actividad minera en el sector, conforme lo establece la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Ante esta situación, el personal de la AJAM dará inicio a las acciones penales que correspondan, en el marco de la normativa legal vigente”, señala el reporte emitido por la entidad.
Compromiso con los recursos minerales
La AJAM ha reiterado su compromiso con la protección de los recursos minerales del país. Por ello, continuará con las inspecciones en todo el territorio nacional. La realización de actividades mineras sin contar con la autorización legal necesaria es un delito que está penado por el Código Penal boliviano.
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