Bolivia Judicial Policial

Juicio oral contra Camacho por caso “Carro Bombero” es suspendido por tercera vez

El gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho / APG Archivo
El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrenta un nuevo retraso en su juicio por el caso "Carro Bombero", programado ahora para el 18 de julio de 2025.

El juicio oral contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso conocido como “Carro Bombero” fue suspendido nuevamente este martes 17 de junio de 2025.

El juez del Juzgado 2º de Sentencia contra la Violencia y Anticorrupción decidió reprogramar la audiencia para el 18 de julio de 2025 a las 09:00 horas. Esta decisión se tomó luego de que el fiscal a cargo del caso solicitara la suspensión, argumentando que necesitaba realizar allanamientos en otro proceso judicial.

Detalles del caso

El abogado de los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), César Rodríguez, informó que en este proceso hay tres personas acusadas. Entre los acusados se encuentra Camacho, un exfuncionario de la Gobernación cruceña y el representante legal de la empresa que ganó la adjudicación.

Este caso investiga la supuesta adquisición irregular de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, con un costo de 1.730.000 bolivianos.

Irregularidades en la compra

Según la denuncia presentada, el contrato para la compra del vehículo fue firmado el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones. Este contrato se realizó mediante invitación directa, sin llevar a cabo un proceso de licitación pública.

Las investigaciones indican que el carro bombero debía ser entregado el 27 de junio de 2022. Sin embargo, el vehículo llegó a finales de ese año, después de que el contrato fuera disuelto por incumplimiento.

Delitos investigados

Los antecedentes del caso revelan que la unidad adquirida aparentemente no cumplió con los requisitos técnicos exigidos por la Policía. Esto llevó a la apertura del proceso judicial correspondiente.

Los delitos por los que se investiga a los implicados incluyen conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.


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