El Presidente Luis Arce ha ordenado la movilización de tropas militares en respuesta a los bloqueos que se están llevando a cabo en Llallagua desde el 7 de junio de 2025. Esta decisión se ha tomado sin declarar previamente un estado de excepción, lo que podría acarrear un juicio de responsabilidades debido a resoluciones que contravienen la Constitución y la ley, según el abogado especializado en asuntos militares, Omar Durán.
La Ley 1341, conocida como Ley de Estados de Excepción, fue promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de octubre de ese mismo año. Esta normativa establece que el Órgano Ejecutivo debe declarar el estado de excepción antes de proceder con la movilización de tropas militares. Durán ha señalado que, en este contexto, el Presidente Luis Arce podría enfrentarse a un juicio por la salida de los militares.
“Se abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente. Esto puede iniciarse en este momento, ya que hay elementos suficientes en el Congreso. Aunque el proceso puede ser largo, lo ideal sería que se lleve a cabo una vez que deje el cargo”, afirmó Durán.
Declaraciones del presidente
El 11 de junio de 2025, Arce comunicó en una conferencia de prensa que había ordenado el despliegue de fuerzas militares en los puntos de bloqueo. En su declaración, mencionó que “solo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la Policía Boliviana haya sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1341.
Posibles delitos y responsabilidades
Los delitos que se han identificado en este contexto son las resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, así como el incumplimiento de deberes. “El presidente y el ministro de Defensa son los responsables de todo el proceso”, resumió Durán. El artículo 137 de la Constitución Política del Estado otorga al presidente la facultad de emitir la declaratoria de estado de excepción cuando la Policía sea rebasada.
Historia de la Ley 1341
La Ley 1341 tuvo un tratamiento particular en 2020, ya que la entonces presidenta Jeanine Áñez se negó a promulgarla. Esta ley fue aprobada gracias a la mayoría parlamentaria del MAS, que en ese momento estaba en disputa con el Ejecutivo transitorio. Por esta razón, su promulgación se demoró. Fue Eva Copa quien oficializó la ley como presidenta del Senado.
