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Gobierno identifica 17 clanes familiares vinculados al contrabando en la frontera con Chile

Identificación de 17 clanes familiares que están involucrados en redes de contrabando / RRSS
El viceministro Luis Velásquez anunció la identificación de 17 clanes familiares que operan en redes de contrabando hacia Bolivia, problematizando el impacto en la economía local.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, anunció la identificación de 17 clanes familiares que están involucrados en redes de contrabando de mercancías hacia Bolivia. Esta información fue revelada durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el 15 de junio de 2025.

Los grupos mencionados están operando principalmente en la frontera con Chile. Su actividad se centra en el ingreso ilegal de electrodomésticos y artículos de línea blanca y negra. Además, se está llevando a cabo una investigación sobre el contrabando a la inversa, que implica la salida ilegal de productos bolivianos hacia Perú, Brasil y Argentina.

“Tenemos identificado 17 clanes familiares. Estamos reuniendo toda la información para posteriormente pasar a la instancia que corresponda para que realicen su investigación. Esos 17 clanes identificados son del contrabando de importación”, detalló Velásquez.

Impacto en la economía local

Los grupos identificados están involucrados en el ingreso ilegal de productos que luego son comercializados en el mercado interno sin pagar impuestos. Esta situación genera competencia desleal y afecta negativamente a la producción nacional.

El viceministerio también está haciendo seguimiento a grupos y familias que participan en el contrabando a la inversa. “Ya tenemos algunos nombres. Nos estamos armando con todos los elementos para que estos malos ciudadanos que afectan directamente a la canasta familiar también sean investigados y sancionados”, advirtió la autoridad.

Contrabando de alimentos subvencionados

La salida ilegal incluye alimentos subvencionados que son enviados hacia países vecinos. La situación del contrabando ha generado una gran preocupación por su impacto en la economía local y en los productores nacionales.

La falta de control sobre estas actividades ilegales afecta no solo a las empresas formales, sino también al bienestar de las familias que dependen de productos nacionales accesibles.


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