El Pacto de Unidad, que agrupa a organizaciones cercanas al expresidente Evo Morales, emitió un instructivo el 14 de junio de 2025. En este documento, declaran una “pausa humanitaria” en los bloqueos de caminos, aunque aseguran que continuarán con las marchas y cacerolazos en diversas ciudades de Bolivia.
Las organizaciones acusan al gobierno de Luis Arce de generar una crisis económica y de responder con represión a las protestas por la falta de combustibles, medicamentos y alimentos.
Duelo nacional por las muertes
En el documento firmado en La Paz, las organizaciones declaran duelo nacional por las muertes ocurridas en Llallagua, Potosí, y Arque, Cochabamba. Según denuncian, en estos lugares se utilizó armamento letal contra los movilizados. También exigen una investigación internacional sobre los hechos violentos. “El gobierno de Luis Arce ha instruido represión militar y policial con armamento nunca antes visto”, se indica en el instructivo.
Demandas del Pacto de Unidad
El Pacto de Unidad exige a la Asamblea Legislativa que no apruebe más créditos internacionales. Además, llaman a movilizaciones en defensa de los recursos naturales, como el litio y los hidrocarburos. Las organizaciones acusan al presidente Arce de ser “incapaz, hambreador y asesino del pueblo”. También advierten que continuarán con cacerolazos, marchas y protestas urbanas hasta que el mandatario renuncie.
Desde hace 2 semanas, diferentes sectores sociales afines al expresidente Evo Morales han mantenido bloqueos de caminos, especialmente en la región de Cochabamba. Sin embargo, una parte significativa de la población boliviana expresa su rechazo a estas movilizaciones y bloqueos, que afectan la circulación vial y la economía diaria.
Impacto en la población
Ciudadanos de distintas regiones han manifestado su molestia por los perjuicios ocasionados, como la escasez de productos, el aumento de precios y la interrupción de actividades comerciales y laborales. Además, sectores sociales y económicos alertan sobre el impacto negativo que estas movilizaciones generan en la estabilidad del país.
Señalan que los bloqueos prolongados dificultan la distribución de combustibles, alimentos y medicamentos esenciales.
Pausa humanitaria en movilizaciones
En sus puntos resolutivos, el instructivo establece: “Determinamos una pausa humanitaria en la movilización nacional en carreteras”, mientras se realice una investigación internacional exhaustiva sobre todos los hechos provocados por la intervención policial y militar instruida por el gobierno.
Las organizaciones denuncian también la grave vulneración de Derechos Humanos en el país e instan a organismos internacionales a conformar una Comisión Internacional para investigar las “masacres” ocurridas durante las movilizaciones. Condenan la persecución política contra dirigentes nacionales y exigen al gobierno garantizar el derecho a la protesta sin criminalización ni judicialización.
Rechazo a grupos paramilitares
Finalmente, rechazan la rearticulación de grupos que consideran “paramilitares”, como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Los acusan de coordinarse con el gobierno para perpetrar atentados contra sedes sindicales y políticas.
