El análisis de Unitas, una red que agrupa a 22 organizaciones no gubernamentales, ha llegado a la conclusión de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia está enfrentando una notable pérdida de autonomía y autoridad en la gestión de los procesos electorales. Además, se han identificado amenazas hacia sus autoridades y decisiones judiciales que obstaculizan su labor. Este informe fue publicado el 14 de junio de 2025 y documenta la situación actual de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en el país.
Instrumentalización de la justicia
El informe destaca cómo el poder político ha instrumentalizado la justicia y critica la falta de acción del Estado para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta información se basa en datos recopilados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos sobre la situación en Bolivia. “El TSE ha quedado en una posición ambigua: no tiene control sobre los fallos judiciales que condicionan su trabajo ni herramientas para proteger su independencia frente a la coacción política”, señala parte del documento.
Situación electoral y judicial
La red ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido hasta el momento en relación con los temas electorales y judiciales, así como el funcionamiento de los otros dos órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Este análisis indica que existe una clara instrumentalización de la justicia. Informes internacionales han señalado al poder político como el principal responsable de este uso del poder judicial para su propio beneficio.
Recomendaciones sobre la supervisión
“Si bien la supervisión judicial de los procesos electorales es legítima, para garantizar la legalidad y los derechos humanos, la instrumentalización de la justicia, a riesgo de subordinar sistemáticamente las decisiones de un Órgano Electoral independiente, es contraria a los principios democráticos”, recomienda el informe. Asimismo, se critica al propio Estado por no garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya que “no mide el uso proporcional de la fuerza”, lo que resulta en situaciones donde las fuerzas de seguridad terminan gasificando escuelas o afectando a mujeres sin respeto a sus derechos.
Inacción estatal ante la violencia
La falta de acción del Estado ante contextos de conflictividad social, que incluyen violencia, bloqueos y ataques a civiles, configura una grave situación de desprotección. Esto vulnera derechos fundamentales como la seguridad personal, el acceso a servicios esenciales y la garantía del orden público, todo bajo estándares de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Hostigamiento al Órgano Electoral
El documento también resalta que el hostigamiento y el acoso sistemático contra los miembros del Órgano Electoral constituyen una amenaza a la independencia y la integridad del proceso electoral. Esta situación pone en riesgo no solo la labor del TSE, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático del país.
