El Gobierno ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de suspender durante seis meses las ejecuciones financieras contra beneficiarios de viviendas de interés social. Además, se busca diferir el pago de deudas de pequeños prestatarios. Esta iniciativa fue enviada por el presidente Luis Arce el 6 de junio de 2025 y tiene como propósito aliviar a las familias y microunidades económicas que han sido afectadas por la desaceleración económica y las tensiones políticas.
Detalles de la propuesta
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien explicó que esta normativa es el resultado de una evaluación de las condiciones económicas complejas. Estas han sido generadas por más de tres años de bloqueos que han impactado negativamente en la actividad económica del país.
Montenegro aclaró que esta medida no significa una condonación de deudas ni modifica los contratos vigentes entre prestatarios e instituciones financieras. “Se trata de una acción temporal, específica y focalizada, que no compromete la estabilidad del sistema financiero”, enfatizó el ministro.
Objetivos de la ley
El principal objetivo de esta iniciativa es evitar que las familias con créditos sociales pierdan sus viviendas debido a la falta de pago. “Se quiere detener esos desalojos mientras se estabiliza la situación económica”, añadió Montenegro, subrayando la importancia de la medida para la protección de los hogares vulnerables.
Próximos pasos en el proceso
El proyecto de ley aún debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Legislativa. Este proceso se desarrolla en un contexto político complicado, marcado por divisiones internas en el oficialismo y tensiones con la oposición, lo que podría influir en el avance de la iniciativa.
