El abogado Marcelo Cortez ha presentado un recurso de reconsideración en contra de la Ley Municipal de Patentes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). En su solicitud, pide la suspensión de la reglamentación de esta ley hasta que se obtenga una respuesta al recurso presentado.
La presentación se llevó a cabo el miércoles 11 de junio de 2025, después de que el alcalde Adhemar Wilcarani promulgara la ley el 5 de junio y esta fuera publicada en la Gaceta Municipal al día siguiente.
Argumentos del abogado
Cortez sostiene que este recurso es el camino adecuado desde el punto de vista jurídico para anular una ley que presenta defectos insuperables. Una de las principales observaciones que hace sobre la Ley Municipal de Patentes es la falta de cumplimiento del principio de socialización y participación ciudadana.
El abogado afirma que “en este caso se ha omitido materialmente esta alternativa de socialización” y que ha habido “una ausencia plena de debate y comunicación” en el proceso de creación de la ley.
Principios normativos ignorados
Otra de las críticas que Cortez plantea se relaciona con el incumplimiento del principio de jerarquía normativa. Este principio establece que ninguna norma puede ignorar la Constitución Política del Estado (CPE).
Según Cortez, “la Ley de Patentes ha omitido materialmente el principio de jerarquía normativa”. Además, menciona que se ha infringido el principio de doble tributación, ya que muchos contribuyentes ya están tributando en diferentes niveles.
Impacto en los ciudadanos
Un aspecto adicional que destaca Cortez es la inobservancia del derecho al trabajo, lo que afecta directamente a los ciudadanos. El abogado advierte que las tablas incluidas en la ley no responden a consultas previas y son “una suerte de cuantificación numérica” sin un criterio claro.
Esta falta de claridad genera confusión sobre cómo se deben aplicar las cargas tributarias que impone la nueva ley.
Posibles acciones legales
Cortez también menciona que si el Concejo Municipal no responde al recurso presentado, se recurrirá a instancias constitucionales para denunciar las falencias de la ley y buscar su anulación.
Se ha presentado una nota al alcalde solicitando que se suspenda cualquier tramitación relacionada con la reglamentación hasta que se resuelva el recurso.
Falta de análisis técnico
Además, se ha señalado que no se realizó un análisis técnico sobre la capacidad contributiva de los afectados. Tampoco se respetaron principios constitucionales como la razonabilidad y la progresividad.
La falta de claridad en las tablas anexas podría llevar a los contribuyentes a no comprender cómo deben responder ante las nuevas cargas administrativas tributarias impuestas por esta ley.
