La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han manifestado su preocupación por el aumento de la violencia en las protestas evistas que comenzaron el 2 de junio en Llallagua, Potosí, y en otras áreas de Bolivia. Hasta el momento, al menos cinco personas han perdido la vida, entre ellas tres policías.
Preocupación por la violencia
Ambos organismos internacionales han instado a las autoridades bolivianas a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el manejo de las protestas sociales. En un comunicado, la CIDH y la RELE condenaron la escalada de violencia que ha acompañado a las manifestaciones desde el 2 de junio. Según la información disponible, al menos 4 personas han fallecido, incluyendo a agentes del estado que murieron por disparos en Llallagua.
Las autoridades lamentaron la muerte de personas: tres policías por impactos de bala, un bombero y un comunario que falleció debido a una mala manipulación de dinamita en Cochabamba. También se denunció que periodistas que cubren las protestas han sido amenazados, lo que representa un grave riesgo para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Instan al respeto de derechos
La CIDH y su RELE han instado al Estado a que respete los estándares de derechos humanos y a que se garantice el desarrollo pacífico de las manifestaciones, así como el respeto a la institucionalidad democrática. La movilización evista busca la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación de la candidatura de Evo Morales.
La exministra evista Teresa Morales ha declarado que la renuncia de Arce provocaría la sucesión hasta Andrónico Rodríguez, quien es el presidente del Senado, para que convoque a nuevas elecciones que incluyan a Morales.
Responsabilidad de los líderes
Los organismos internacionales han abogado por que las manifestaciones se realicen dentro del marco democrático. Han señalado que las personas que ocupan posiciones de liderazgo político tienen la responsabilidad de ayudar a detener la violencia, fomentar el diálogo y prevenir violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones en curso
Las autoridades han denunciado el uso de armas largas de grueso calibre por parte de francotiradores, así como la presencia de grupos armados organizados. Actualmente, hay investigaciones penales en curso relacionadas con estos hechos.
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