El juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía. Esto ocurrió después de que ordenara la suspensión de la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez, quien fue electa por voto popular en La Paz. La acción se llevó a cabo tras una denuncia que cuestionaba los méritos académicos de Coaquira.
Reacción del presidente del TSJ
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, calificó este hecho como un ataque directo a la institucionalidad judicial. Además, señaló que provocó una rápida reacción de las autoridades. Gómez informó que el juez Fernando Marcelo Lea Plaza fue aprehendido en flagrancia por emitir una resolución considerada prevaricadora, que intentaba anular el mandato legítimo de Coaquira.
Coordinación entre autoridades
La acción fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía, en coordinación con la Unidad Anticorrupción del Órgano Judicial. Este caso surgió a raíz de una acción de cumplimiento presentada por el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge. Él denunció que la magistrada Coaquira afirmó haber ejercido la docencia en una universidad. Sin embargo, la universidad mencionada negó que Coaquira hubiera enseñado en sus aulas.
El denunciante indicó que este dato no fue eliminado cuando se difundieron los méritos de Coaquira, lo que, según él, le benefició para obtener más votos. El juez Fernando Marcelo Lea determinó suspender temporalmente la credencial de la magistrada y ordenó que se convoque al magistrado suplente para asumir su cargo en el TSJ de La Paz.
Indicios de interferencia institucional
Tras este fallo, Saucedo reveló que existen indicios que vinculan a otras autoridades del Tribunal Departamental de Justicia en este intento de interferencia institucional. En respuesta, el TSJ ha enviado a su Unidad de Transparencia al departamento de La Paz para realizar un seguimiento riguroso del caso.
Investigaciones a fondo
“Vamos a pedir al Ministerio Público que profundice las investigaciones para identificar a todos los autores, partícipes inmediatos o intelectuales de este atentado contra la justicia”, declaró Saucedo. Según el presidente del TSJ, la resolución del juez de Coroico intentaba desconocer la legitimidad del mandato otorgado a Coaquira por el voto mayoritario de los paceños.
Calificación del hecho
Este hecho ha sido calificado como una usurpación de funciones y un atentado contra el sistema democrático de elección judicial vigente en Bolivia.
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